El despelote del Hospital Cari que podría costarle al Estado $180 mil millones

El millonario contrato que, de manera directa, le adjudicó el gerente del Hospital Cari de Alta Complejidad, Ulahy Beltrán López, al Consorcio Gestor Hospitalario del Caribe, cuatro días antes de culminar el 2019, sigue siendo la cereza que le faltaba al postre de la crisis en que ha estado sumida la institución oficial de asistencia médica, con epicentro en Barranquilla pero de alcance regional.

Si bien son conocidos, a través de los medios de comunicación, los vaivenes dados por las distintas administraciones departamentales en el Atlántico para sacar del atolladero financiero y administrativo al Cari para poder garantizar servicios de salud de calidad, en especial a poblaciones vulnerables, los intentos de solución han terminado en el fracaso.

En muchos momentos de efervescencia y calor se ha propuesto el ‘borrón y cuenta nueva’ para referirse al cierre definitivo del Hospital debido a una deuda que, hacia finales de 2019, fue calculaba en unos 90.000 millones de pesos en solo pasivos laborales, sin meter compromisos con proveedores, por un lado; y por el otro sumarle el incumplimiento en el pago de servicios y tratamientos prestados a pacientes allí remitidos bajo el amparo de entes territoriales de la región, EPS e IPS, por tratarse de población en condiciones de vulnerabilidad y hasta de miseria, unos 15.000 millones de pesos.

En esa búsqueda de soluciones y erradicar el evidente caos reinante se escoge a un curtido profesional de la medicina y experto analista del panorama de la salud, no solo en lo local, lo regional, lo nacional sino en lo internacional, Ulahy Beltrán, para enderezar el rumbo de la institución y devolverle así el prestigio del que gozó años atrás, dada la eficiencia y la transparencia en cada proceso.

Beltrán insistió en que le puso todo el empeño requerido para sacar de la postración en la que hoy está sumido el Cari, y más cuando él era, frecuentemente, consultado para opinar con base en su experticia sobre las causas de la problemática y sus viables soluciones.
Sin embargo, la decisión de suscribir el contrato de operación del Hospital con el consorcio arriba citado, cuya vigencia es de un período de 15 años y un monto de 12.076 millones de pesos, se ha constituido en una especie de bumerán que mantienen al funcionario en el ‘ojo del huracán’, a raíz de la suspicacia generada por el procedimiento administrativo adoptado, calificado de poco transparente.

 

DUROS CUESTIONAMIENTOS

La polémica generada llevó a que la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera De la Espriella, clamara una urgente intervención de los organismos de control habidos y por haber, como la Procuraduría General de la Nación, La Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación, el propio Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, entre otros.

Incluso, la mandataria pidió a los miembros de la junta directiva del Cari que limitaran las funciones administrativas de Beltrán y hasta dejó entrever, en entrevistas posteriores, que lo mejor era que se apartara del cargo de manera decorosa porque su actuación despertaba desconfianza.

Noguera anunció, igualmente, que el equipo jurídico de la Gobernación no escatimaría esfuerzos para lograr reversar la firma del cuestionado contrato.

Al igual que su jefa, la secretaria de Salud del Atlán-tico, Alma Solano, ha sido dura crítica de Beltrán. “Es una gran sorpresa enterarnos por un medio de comunicación y eso lo que nos demuestra es que el gerente no está alineado con los objetivos que tiene este gobierno, para la gente del Atlántico. Este tipo de incidentes no van a entorpecer ni a paralizar nuestras acciones y seguiremos adelante con nuestro plan de trabajo”, advierte cada vez que tiene la oportunidad de referirse al tema.

 

LA DEFENSA

En su defensa, el suspendido gerente mantiene entre sus argumentos el de haberse ajustado a las normas; que su formación no le permite actuar en contra de una institución social, como lo es el Cari, que debe optimizar sus servicios e infraestructura en pro de una población a la que no llega la asistencia médica de calidad, de manera oportuna y menos eficiente.

“He sido calumniado e injuriado…Me la he jugado por los más pobres y los trabajadores…Soy defensor de una labor social… El Hospital no debe ser liquidado sino mantenerlo vivo… Hay mucha información direccionada”, son algunas de las frases expresadas por Beltrán quien está a la espera de los resultados de las investigaciones abiertas por los diferentes organismos de control.

Respecto a lo que viene ocurriendo en el Cari, analistas sostienen que la situación es compleja, porque si el director actuó acorde con las leyes no hay otra opción que aceptar lo actuado; pero si se procede a reversar el contrato sin la suficiente claridad jurídica, el mismo centro hospitalario y el Departamento tendrían que afrontar una demanda, por efectos de indemnización, estimada en 180.000 millones de pesos.

Lo más reciente ha sido la suspensión del cargo a Beltrán por parte de la gobernadora Elsa Noguera, en cumplimiento de una decisión del contralor general del Atlántico, Jairo Alberto Fandiño Vásquez, en el marco de las investigaciones que su despacho lleva a cabo relacionadas con la actuación del funcionario. Hasta el 31 de marzo se encargó en la gerencia del Cari a Luis Posso.

 

LA COMPETENCIA

Al respecto, el defensor jurídico de Ulahy Beltrán, el abogado Alfonso Camerano Fuentes, viene argumentando que el contralor Fandiño no tiene la competencia para ordenar la suspensión de su defendido.

El proceso avanza y se esperan resultados contundentes de las investigaciones iniciadas. Entre tanto, la prestación de servicios médicos en el Cari se da más por la voluntad de los empleados y hasta de los familiares de los mismos pacientes que, en muchos casos, deben hacer ‘vaca’ para comprar medicamentos básicos, todo por la ineficiencia e ineficacia administrativa.

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