“El horizonte de jóvenes de Colombia no puede ser el trabajo precario. Tiene que ser el horizonte de los derechos y hacia allá es que queremos que este país funcione y que la sociedad lo asuma”. De esta forma la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, respondió al ser preguntada por la forma de empleo de las plataformas tecnológicas como Rappi.
Añadió que la seguridad social es una garantía y una protección que tiene que hacer el Estado colombiano y que todos deben valorarla.
“Lo que estamos pidiendo simplemente es que se cumpla, porque los trabajadores tienen derechos. Cuando hablo de empleo habla de política de gobierno y cuando hablo de trabajo, hablo de derechos”, sostuvo la ministra quien confirmó este jueves en Barranquilla, que la cartera a su cargo investigará condiciones laborales de trabajadores de Rappi para verificar si ests empresa de negocio de domicilios cumple con los requisitos como independientes.
“Ellos en sus declaraciones nos dijeron que eran trabajadores independientes, pero en la primera versión que estamos consolidando hemos encontrado que a diciembre de 2022 solo habían registrado 1.850 trabajadores en Pila”, dijo la ministra Ramírez precisando que esto no concuerda con lo indicado por Rappi en el sentido que tiene 130 mil trabajadores.
“Es necesario seguir avanzando”pero con claridad, con verdades y no falseando la realidad, pues si dice que tiene 130 mil trabajadores y solo 1.850 están registrados en la Pila entonces eso no responde con la realidad”, expresó la funcionaria, quien dijo que su Ministerio está abierto al diálogo y a la concertación.
De acuerdo con el Gobierno, en Colombia todo trabajador independiente tiene que llenar una Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (Pila) y el que lo contrata tiene que suministrar la cuenta de la planilla.
La funcionaria expresó que la próxima semana cuando tengan la información de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (Ugpp), convocará a otra reunión con Rappi.
Es importante señalar que la propuesta de reforma laboral presentada por el Ejecutivo, propone que exista una relación laboral entre los domiciliarios y la empresa, lo que llevaría a ésta última a hacer contratación formal.

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