En una medida de carácter urgente para frenar el deterioro financiero que amenaza la continuidad del servicio de energía en el país, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo número 0044 del 21 de enero de 2026.
Esta normativa, emitida bajo el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, busca inyectar liquidez al sistema y blindar la operación eléctrica, especialmente en la región Caribe, sin trasladar costos adicionales a las tarifas de los usuarios.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la decisión responde a una perturbación grave e inminente del orden económico y social derivada de un deterioro acelerado de la liquidez de los comercializadores de energía.
Según los análisis técnicos del Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, el riesgo financiero afecta a agentes que representan entre el 39% y el 40% de la demanda nacional, lo que configura un riesgo sistémico extraordinario.
La situación es particularmente crítica en los departamentos de Atlántico, La Guajira y Magdalena, donde el agente comercializador local, es decir, Air-e, presenta necesidades de flujo de caja superiores a los $5,44 billones para sostener su operación y realizar inversiones básicas.
Es bueno recordar que esta distribuidora y comercializadora de energía le debe al sistema energético $2.5 billones, de los cuales $1.6 billones se los adeuda a generadores y transmisores de energía, y de esa cantidad, $1 billón corresponde a las termoeléctricas.
Esta crisis se ha visto agravada por una combinación de factores: elevados niveles de pérdidas de energía, bajo recaudo, rezagos en infraestructura y restricciones fiscales que impiden el giro oportuno de subsidios.
Las dos medidas clave del decreto
El decreto establece dos mecanismos excepcionales y transitorios para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, vehículo encargado de apoyar a las empresas intervenidas.
Contribución Parafiscal: Se crea un aporte del 2,5% sobre la utilidad antes de impuestos de la vigencia 2025 para las empresas generadoras de energía. Este pago se realizará en dos cuotas: la primera el 2 de febrero de 2026 (basada en estados financieros de 2024) y la segunda el 15 de mayo de 2026.
Aporte Solidario en Energía: Las empresas de generación hidráulica con despacho centralizado deberán entregar en especie el 12% de la energía efectivamente vendida en bolsa. Como contraprestación, los aportantes recibirán un descuento tributario del 50% sobre el valor de la energía entregada en su declaración de renta.
Garantía para el usuario y postura oficial
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que estas acciones son decisiones oportunas y responsables para evitar que millones de colombianos se queden sin servicio por fallas financieras acumuladas.
El alto funcionario fue enfático en que la normativa no modifica el modelo del sector eléctrico, no altera el despacho económico ni impactará la factura de los ciudadanos.
“Este no es un decreto contra el sector eléctrico, es un decreto para salvarlo”, afirmó Palma, señalando que los instrumentos ordinarios resultaron insuficientes ante la magnitud de la crisis fiscal y la volatilidad del mercado.
“Este decreto no se traslada a la factura de los usuarios, no altera el despacho económico ni cambia las reglas del mercado. Su objetivo es proteger a la gente y las empresas del sector para garantizar la continuidad del servicio y evitar que una crisis financiera, creada por algunos congresistas, entre ellos los de la bancada Caribe, que al parecer desean que su región y el país entero termine en apagones”, agregó sobre la medida para el sector eléctrico.
Indicó que las medidas estarán vigentes estrictamente durante el periodo de la emergencia, mientras se buscan soluciones estructurales de largo plazo para la sostenibilidad del Sistema Interconectado Nacional SIN.
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