Aplicación de la Ley de Financiamiento debilitaría la economía colombiana

Jorge Quintero, director del Doctorado en Economía de la Universidad del Norte.

Por SANTOS SUÁREZ BADILLO
Director de EL NORTE

Los aspectos positivos de la reforma tributaria o Ley de Financiamiento que ha propuesto el gobierno, se verían opacados, entre otros puntos, por el que pretende modificar la tarifa del IVA para un conjunto de bienes y servicios de la canasta familiar.

En tal sentido se expresó Jorge Quintero, director del Doctorado en Economía de la Universidad del Norte, quien indicó que enfocar la consecución de la mayor parte de los recursos para financiar la inversión social, afectando el bolsillo de los estratos bajos y la clase media, no es la medida adecuada.

“Lamentablemente de los $14 billones que se bus-ca cubrir con la reforma, el gobierno está esperan-zado en conseguir $11 billones mediante la modificación de la tarifa del IVA”, señaló el experto en declaraciones concedidas a EL NORTE, antes de las modificaciones a la iniciativa que se vienen planteando por el gobierno y congresistas.

Subrayó que no está claro cómo se devolverían unos recursos a los estratos 1 y 2, al tiempo que anotó que el estrato 3 sería el más afectado porque no se le devuelve nada y pagará lo mismo que el estrato 6. “No podemos comparar a Colombia con economías desarrolladas, donde la clase media tiene una capacidad adquisitiva mucho más importante”, dijo.

Considera que este proyecto que se discute en el Congreso cayó muy mal en la opinión pública desde el principio, porque no hubo claridad sobre el monto de ingresos faltante o hueco fiscal.

“Inicialmente se habló de $24 billones y ahora se maneja una cifra de $14 billones y la administración anterior argumenta que la cifra es menor, y que si hay un hueco es por los nuevos programas que quiere implementar el actual gobierno. Eso genera mucho recelo sobre la propuesta”, anotó Jorge Quintero.

PODRÍA DEBILITARSE
A juicio de Jorge Quintero, es altamente probable que producto de la aplicación de esta reforma tributaria tal como está planteada, la economía colombiana en general se debilite. “Tenemos una economía con un crecimiento bastante débil, recuperándonos del choque fiscal desde la gran depresión”, expresó.

Sostiene que incrementar la cantidad de impuestos que deben pagar los hogares, sólo tendrá como consecuencia que se afecte la capacidad adquisitiva, de consumir y demandar bienes y servicios “y por lo tanto eso perjudicará el crecimiento de la economía”.

También estima que un incremento sustancial en el precio de varios productos, se traducirá en una mayor inflación, “lo que a su vez produciría medidas del Banco de la República en el sentido de aumentar tasas de interés y con ello un escenario más contractivo”.

Y dijo que la economía colombiana actualmente no está en capacidad de absorber una disminución importante de la capacidad adquisitiva de los hogares.
Sobre la creación de una tarifa de impuesto a las pensiones por encima de los $4 millones 700.000, plantea que está de acuerdo con que mejor se graven las pensiones altas o mega pensiones.

LO POSITIVO
El director del Doctorado en Economía de la Universidad del Norte sostiene que, no obstante, la Ley de Financiamiento contiene aspectos positivos como incrementar la tarifa del impuesto de renta a las personas naturales que ganan por encima de los $33 millones.

Considera positivo retomar temporalmente el impuesto al patrimonio de las personas naturales, con patrimonios altos entre $2 mil a 3 mil millones.
Otra de las propuestas que ve con buenos ojos es la de estimular a las empresas para que inviertan, reduciendo la tasa nominal del impuesto de renta. “Es cierto que la tasa efectiva de tributación para las empresas en Colombia es bastante alta. El Banco Mundial dice que es del 68% y cálculos internos de la ANIF señalan que es del 49%”, anotó.

De igual forma, instaurar el régimen simple de tributación, que básicamente busca actuar sobre lo que no pudo lograr el monotributo, que es permitir a las empresas que tengan unos ingresos inferiores a $2 mil 600 millones, que puedan pagar un porcentaje fijo de sus ingresos y que eso cubra lo que aportan por renta, por IVA o por seguridad social. “Eso puede contribuir a la formalización de un importante número de empresas”, sostiene.