La Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, se pronunció en contra del proyecto de ley 002 de 2018, que prevé entregarle una prima legal para la canasta familiar a los trabajadores.
Según la agremiación la aprobación de esta prima impactaría la generación de empleo y la formalización de éste, afectándose en gran medida las decisiones adoptadas para reducir la tasa de desempleo la cual se ha incrementado en el último año y se ubica en 10,3%.
Indica el gremio presidido por Rosmery Quintero, que además, este tipo de políticas se concentran en empresas formales que no evaden sus obligaciones, solo un 2,3% lo hacen, frente al resto de empresas y contribuyentes, cuyo costo representa alrededor de 40 billones anual.
Según un análisis realizado por Acopi dentro de la estructura de costos, esta prima de servicios representa una carga no salarial del 8.8% -9.3% para los trabajadores que devenguen entre 1 SML y 2 SML. Dicha carga desciende hacia niveles del 8.3% para los trabajadores que devenguen más de 2 SML (quienes no reciben auxilio de transporte).
“Consideramos que la aprobación de esta prima desestimularía la contratación formal porque produciría un incremento sobre el salario mínimo de 4,16% y elevaría los costos no salariales relacionados con la prima que en la actualidad pesan entre 8.8% – 9.3% a 9.68%, impactando los dos grandes desafíos que enfrenta el mercado laboral colombiano: lograr la reducción de la tasa de desempleo estructural, mejorar la calidad del trabajo para alcanzar mayores niveles de formalización, y el recaudo fiscal”, explica Acopi en un comunicado.
La Asociación pide que se revisen detenidamente los efectos que la aprobación del proyecto generaría en el sector empresarial teniendo en cuenta que con la adopción de regulaciones como éstas crea una inestabilidad en las empresas cuando se asignan nuevas obligaciones legales que representan costos que afectan la competitividad de dichas compañías, y “más gravoso aun considerando que el año pasado decidimos como sector productivo acordar un aumento del salario mínimo del 6% para evitar que este proyecto fuera necesario”, puntualiza Acopi.
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