Prodeco iniciará el proceso de devolución de sus títulos mineros a Colombia a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM). Las minas permanecerán en cuidado y mantenimiento hasta que el proceso formal derivado de la renuncia de dichos títulos se haya surtido.
La empresa carbonífera informó que por su parte, Puerto Nuevo S.A (PNSA) continuará operando en línea con sus obligaciones como puerto de servicio público.
En diciembre pasado la ANM negó la solicitud de suspensión de operaciones solicitada por el Grupo Prodeco para las minas de Calenturitas y La Jagua. Como consecuencia de dicha decisión, el Grupo Prodeco adelantó una nueva revisión operativa para identificar eficiencias adicionales en sus costos de operación, considerando las expectativas de precios a la baja en los mercados objetivo del Grupo Prodeco.
La empresa aseguró que las conclusiones de la revisión no fueron diferentes a aquellas obtenidas en los ejercicios previos, esto es, que el reinicio de las operaciones mineras no resulta económicamente viable.
Agrega que la decisión de renunciar a los contratos mineros no ha sido tomada de manera ligera y es un resultado decepcionante. Durante los últimos 30 años de su actividad minera en Colombia, el Grupo Prodeco ha invertido más de US$3 billones y pagado alrededor de US$3 billones en regalías e impuestos.
El Grupo Prodeco manifestó estar orgulloso de que sus inversiones en distintas iniciativas y proyectos de compromiso social, hayan generado mejoras tangibles en la calidad de vida de las comunidades vecinas y hayan constituido un apoyo al importante proceso de paz en Colombia.
Precisando que su prioridad fundamental son sus empleados y las comunidades vecinas, indicó que apoyará a sus empleados, contratistas y las comunidades vecinas en relación con el impacto derivado de la renuncia a los títulos mineros y las posteriores etapas del proceso. En línea con lo anterior el Grupo ofrecerá nuevamente un programa de retiro voluntario a sus empleados el cual será significativamente superior a lo requerido bajo la legislación colombiana. Este proceso estará apoyado adicionalmente por un programa de transición social para los empleados y las comunidades vecinas a las operaciones de la empresa.
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