Gremios económicos, analistas y congresistas de diversas vertientes, han expresado críticas y observaciones al proyecto de reforma tributaria que presentó el gobierno ante el Congreso de la República.
Muchos coinciden en que la aprobación de esta iniciativa va a provocar un duro golpe contra el bolsillo de los colombianos, y otros plantean que es inoportuna, dada la crisis económica que afronta el país como consecuencia de la pandemia.
Por ejemplo, la Federación Nacional de Avicultores, Fenavi, advierte sobre los efectos negativos de eliminar el régimen de exentos. Precisa que con esta medida, en el caso del huevo, se producirá un aumento de $ 18 por unidad y el kilo de pollo podría tener un incremento de $ 338.
Otros gremios como Porkcolombia, sostienen que en el caso de la carne de cerdo, tal como está la reforma, tendría un impacto directo para los consumidores.
La idea es que al pasar la carne de cerdo y otros alimentos esenciales como la carne de res, el pollo, el pescado, la leche, los huevos y el arroz, de exentos a excluidos, ese mayor costo derivado de no poder recuperar los IVA pagados en el proceso productivo, se trasladaría vía precio al consumidor final, lo que encarecerá la comida.
La Federación Colombiana de Acuicultores asegura que el kilogramo de tilapia, que hoy cuesta $8.000, podría pasar a $8.736. Y en el caso del kilogramo de trucha, que actualmente vale $12.000, llegaría a $13.104.
El analista Ignacio Mantilla cuestiona que se quieran gravar algunos productos que afectan directamente el bolsillo de los colombianos. A su juicio los colombianos no se merecen este tipo de reformas que atentan contra su bienestar.
Otros gremios como ANIF consideran que la reforma tributaria es positiva y menciona el punto relacionado con el impuesto de renta a personas naturales. Su presidente, Mauricio Santamaría, que lo que plantea el proyecto en materia de impuesto de renta a personas naturales es muy bueno porque incluye más personas contribuyentes.
El director del Partido Liberal César Gaviria, descartó que esta colectividad apoye la reforma, indicando que intentar reactivar la economía con una tributaria cuando aún hay pandemia es equivocado.
PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA
El proyecto de reforma tributaria, denominado “Ley de Solidaridad Sostenible”, según el gobierno nacional, busca luchar contra la pobreza y la inequidad, en un contexto donde el país -y el mundo- ha sido fuertemente golpeado por la pandemia del covid-19. Los puntos clave la iniciativa son los siguientes:
IVA
Con relación al IVA, el proyecto no gravaría los bienes que conforman la canasta familiar y servicios como los médicos, odontológicos, cirugías y planes de salud prepagada entre otros permanecerían excluidos.
No obstante, propone eliminar el régimen de exentos lo cual tendría un impacto en productos como la carne de pollo, huevo y otros alimentos que se encontraban en esta categoría. Estos productos que estaban exentos pasan a ser excluidos, es decir que no hay devolución del IVA.
Llama la atención que se contempla gravar con IVA de 19% los servicios públicos domiciliarios en los estratos 4, 5 y 6. Dicho impuesto se cobraría en los servicios públicos de energía a base de gas u otros insumos. También en los de acueducto y alcantarillado, aseo y recolección de basura.
Además, a partir del 1 de enero de 2022, los servicios postales y de mensajería también estarían gravados con la tarifa del 19%.
No obstante, se establece que la compensación del IVA a las familias en condición de pobreza será de $50.000 y que esta se efectuaría de manera anticipada.
El ministro de Hacienda, precisó que desde el punto de vista fiscal este mecanismo de compensación del IVA costaría cerca de $18 billones de pesos anuales y reiteró que estos $50.000 no hacen parte de la política de ingreso solidario.
RENTA PERSONAS NATURALES
En cuanto al impuesto de la renta, se busca ampliar la base gravable de personas naturales. Las tarifas serían diferentes para el año gravable 2022 y para 2023.
En el primer año, las personas empezarían a pagar una tarifa de 10% desde los 800 UVT anuales, es decir, desde $2,42 millones al mes. Además, a partir del 2023 deberán declarar rentar las personas con renta líquida gravable a partir de 560 UVT anuales, equivalentes a 1’694.000 pesos mensuales.
RENTA PERSONAS JURÍDICAS
El articulado busca que dependiendo de la base gravable se aplique una tarifa del 24 % o un 30 %. La segunda tarifa aplicaría si tiene una base gravable superior a 500 millones de pesos. Asimismo, se incluye una sobretasa de 3% para los años 2022 y 2023, por lo que las tarifas finales serían 27% y 33% según la base gravable.
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
El impuesto a los dividendos aumentaría 5 puntos porcentuales, pasando del 10% al 15%
PENSIONES
En cuanto a las pensiones, la pensión voluntaria también pagará renta a partir del año 2022 al igual que los dineros que las personas naturales contribuyentes depositen en las cuentas de Ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC). Las pensiones pagarían renta a partir de $4,8 millones.
IMPUESTO SOLIDARIO
El proyecto de ley propone crear un impuesto con vigencia entre julio y diciembre de 2021, el cual se podrá descontar de la renta del periodo gravable del 2021 que se presente en 2022. Este impuesto tendrá una tarifa del 10 % y gravará a las personas con salarios por encima de 10 millones de pesos mensuales tanto del sector público como privado, por lo que toma en consideración honorarios, rendimientos, dividendos, pensiones, etc.
Un análisis de Credicorp Capital precisa que de ser aprobado, es posible que la Corte Constitucional lo declare inconstitucional al ser un impuesto de periodo que se introduce en una misma vigencia fiscal y no la siguiente.
GANANCIAS OCASIONALES
Las ganancias ocasionales mantendrán la tarifa del 10%. No obstante, la determinación del valor de los bienes gravados con ganancia ocasional no sería con base en el costo fiscal sino con base en el valor comercial del artículo 90 del Estatuto Tributario.
IMPUESTO A LA RIQUEZA
El proyecto propone que el Impuesto al patrimonio pase a llamarse Impuesto a la riqueza, que no será permanente y contará con una vigencia de dos años (2022 y 2023). Este gravamen aplicará únicamente a las personas naturales, por lo que las personas jurídicas quedarán exentas tal y como sucedió con el último impuesto al patrimonio.
El hecho generador de este impuesto será un patrimonio líquido de 134.000 UVT, que para el 2022 equivaldrá a un valor cercano a los 5.000 millones de pesos. Sin embargo, se debe tener presente que podría restarse un valor de vivienda de habitación de 27.000 UVT, lo que equivale a una cuantía cercana a los 1.000 millones de pesos. Además, se propone descontar el 50 % de los activos normalizados y repatriados, en caso de lograr un nuevo proceso de normalización.
Este impuesto será deducible del impuesto sobre la renta y tendrá 2 tarifas: 1 % y 2 %. Asimismo, se propone que la primera escala (1 %) permita descontar los primeros 134.000 UVT y la segunda (2 %) los primeros 402.000 UVT.
NORMALIZACIÓN
El proyecto propone la creación de un nuevo impuesto de normalización, Su tarifa sería del 17 % y es posible reducirla a la mitad si se traen los recursos a Colombia y permanecen por 2 años.
SOBRESTASA A LA GASOLINA
Se propone crear la sobretasa al ACPM, que sería cobrada por la Nación y distribuida en un 50 % para el mantenimiento de la red vial nacional y otro 50 % para los departamentos, incluido el Distrito Capital.
Se autoriza a los municipios, distritos y departamentos adoptar la sobretasa a la gasolina motor extra y corriente.
OTROS IMPUESTOS
Se modifica el impuesto al carbono introduciendo un impuesto al carbón mismo.
Se introduce un impuesto a los vehículos, no según su valor sino según su grado de contaminación. Se crea un impuesto a los plásticos de un solo uso. Se crea un impuesto al consumo de plaguicidas.
Explicó el ministro que todas son iniciativas que están contenidas en la Misión de Crecimiento Verde, que se han discutido con los grupos que conocen de estos temas a fondo.
Además se crea el Fonclima, qué es un fondo que va a recoger los recursos derivados de estos impuestos. “Esto no va a ser fuente de financiamiento, esto va totalmente destinado a mitigar esas externalidades ambientales. Además se diseñan los instrumentos de transición energética”, anotó.
LOS PROGRAMAS A FINANCIAR
Este proyecto de reforma tributaria viene acompañado de un gran componente social que busca la permanencia del Programa Ingreso Solidario que ampliará el monto y cubrirá a los hogares en situación de pobreza, que son aproximadamente 4,7 millones.
valor de los giros a las familias beneficiarias, dependería de la clasificación que el hogar tenga en el Sisbén IV.
Así los hogares en condición de pobreza extrema, catalogados dentro de los grupos A1 y A5, recibirán un monto entre los $80.000 pesos y los $366.101 pesos, dependiendo del número de integrantes de la familia (van de 1 integrante a 6). Por su parte los hogares clasificados en pobreza moderada, es decir, aquellos que integren los grupos de B1 a B7, podrían recibir desde $80.000 pesos hasta los $252.142 pesos, dependiendo también del número de integrantes.
“Con estas medidas las transferencias totales del Grupo A del Sisbén, se incrementarán 2,4 veces, frente al periodo Pre-Covid (2019), mientras los del Grupo B, aumentan 1,9 veces”, expresó el ministro Alberto Carrasquilla.
En esta iniciativa aparte de los hogares en pobreza extrema o moderada, se incluirían hogares que a su vez sean beneficiarios de programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas que administra el DPS, como Programa Familias en Acción, Programa Jóvenes en Acción, Programa de Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor-, y/o los subsidios para los servicios de energía eléctrica y gas combustible distribuidos por red física, el Programa Ingreso Solidario será complementario”, señala el proyecto.
Así mismo, la compensación del IVA llegará a toda la población vulnerable con una transferencia de $50 mil mensuales, con lo que se pasa de cubrir al 20% de la población a cerca del 40%.
Complementando las transferencias sociales, también se busca incentivar el ingreso a la educación superior pública subsidiando hasta el 100% de la matrícula de estudiantes en condición de vulnerabilidad.
“Nosotros estimamos que si el Congreso de la República a adopta estas iniciativas en materia social, nuestro índice de pobreza extrema bajaría casi 6 puntos”, comentó el jefe de la cartera de Hacienda.
En esa transición, también se busca impulsar la generación de empleos para aquellos grupos con alta incidencia del desempleo, como ocurre para los jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores sin pensión y aprendices del Sena.
Adicionalmente, se proponen dos medidas para mitigar los efectos de la pandemia en el empleo. En primer lugar, se crea un programa de impulso a la recuperación del empleo que tiene objetivo la generación de nuevos empleos formales. Asimismo, se establece una expansión del PAEF por tres meses, con el fin de llevar este beneficio hasta junio de este año.
Con esta tributaria el Gobierno le apunta aún programa de impulso al empleo para grupos con alta incidencia de desempleo, en ese sentido se subsidiarán las cotizaciones de personas en situación de discapacidad, aprendices del Sena, mujeres mayores de 40 años en situación de desempleo y adultos mayores en condición especial.
Y para dar impulso a la recuperación del empleo habrá subsidio a las cotizaciones de seguridad social de nuevos empleos durante el año, Además se propone la extensión del Programa al Empleo Formal, Paef.
En educación superior se propone la Generación E como política de Estado y ampliar los recursos que se destinan para cubrir hasta el 100% de la matrícula de los estudiantes en condición de vulnerabilidad
EL RECAUDO
El Gobierno Nacional prevé recaudar $23,4 billones de pesos en promedio, más o menos un 2% del PIB con el proyecto de reforma tributaria radicado en el Congreso de la República.
Se redujo la estimación de ingresos a recaudar de $26,1 billones a $23,4 billones pues según explicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se obtendrán menos dineros por cuenta del IVA y por impuestos a las personas naturales como la renta.
Por IVA se prevé recaudar $7.3 billones, por vía de renta a personas naturales $17 billones y por impuestos a las personas jurídicas $3,7 billones.
De esos $23,4 billones el dinero a transferir a los municipios y departamentos es de $4,6 billones. A eso se le suma la compensación del IVA que cuesta $1,8 billones y los programas de promoción de empleo, subsidios a la matrícula y promoción de la cultura suman $0,8 billones. De manera que el efecto neto de la propuesta de reforma tributaria será de $16,1 billones, bajando frente a los $16,3 billones estimado inicialmente.
“En estos días se vendrá una serie de debates muy importantes, en donde se requiere la participación de toda la sociedad. Los realizaremos con espíritu constructivo, porque todos estamos en la misma sintonía de querer que el país supere esta crisis, sea solidario con quienes más lo necesitan y deje unas finanzas públicas sanas y sostenibles para los gobiernos venideros”, expresó Carrasquilla Barrera.
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