Inició en el Congreso de la República el proceso de discusión del Proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible con el cual el Gobierno Nacional busca atender las necesidades del país y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dividió la presentación de este proyecto de Ley a los congresistas en 5 puntos: la necesidad de la reforma para aumentar los ingresos del Estado de manera permanente, la urgente de sacarla adelante, el consenso que se busca con ella, las externalidades ambientales que abarca y la Regla Fiscal
Explicó que es necesaria teniendo en cuenta que el déficit del año 2021 se estima en un 8,6% del PIB, “Eso es un incremento del 22% que nos fuerza a tener claro que una parte muy importante de la actividad diaria de este Ministerio y en concreto de su dirección de crédito público es la búsqueda del financiamiento de este faltante”, sostuvo.
Agregó que también hay necesidad de amortizar todas las deudas que vencen este año.
Dijo que si no puede adelantar un proceso de ajustes tanto en el gasto como los ingresos del orden del 1,5% del PIB de manera permanente se va a tener un incremento sustancial de la deuda, sobrepasando los niveles prudenciales y por eso se necesitan unas medias de tipo permanente y consistentes en dos elementos: el primero la combinación de políticas de ingresos y políticas de gastos que ayuden a reducir ese faltante en un 1.5% del PIB, esto es del orden de los $15 billones.
Agregó que adicional a eso es necesario continuar con el proceso de reforma de la Dian hasta llegar a los límites de un 1.1% del PIB también de manera permanente por la vía de la lucha contra la evasión y la elusión.
Al mencionar la urgencia de la reforma Carrasquilla dijo que algunos de los componentes de la política social y de otras políticas que se implementaron a lo largo de la pandemia desde hace un año tienen unos términos y ya se están expirando, como el Programa de Apoyo al Empleo Formal, Paef, e Ingreso Solidario.
Dijo que en el caso del Paef ya se acabó esa política y en los meses de abril, mayo y junio no existiría una apropiación legalmente disponible para poder proseguir con los pagos del país. “En aras de proteger el empleo necesitamos prolongarlo, por lo menos en la propuesta lo llevamos hasta el mes de junio”, expresó.
El funcionario se mostró dispuesto al diálogo y la concertación con los diferentes partidos políticos en temas relacionados con el IVA, el incremento de la base de colombianos que declaren renta.
Sobre la regla fiscal, anotó que con las medidas propuestas se busca mejorar este parámetro para que sea más operativo y que tenga un órgano operativo que enriquezca el debate fiscal en Colombia.
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