junio 23, 2024

Paro prolongado, vandalismo, saqueos, jóvenes asesinados, ¿hacia dónde va el país?

Las cuatro semanas seguidas de marchas, lideradas por las centrales obreras, tiene al país en vilo y a la espera de hechos concretos de solución a la problemática social en la que se vive. ¿Se cansó el ciudadano de promesas incumplidas? Análisis con expertos.

REDACCIÓN EL NORTE

Por encima de las diferencias de criterios, un denominador común en el que coinciden todos los actores que participan en el paro nacional y las diferentes instancias gubernamentales, es que la protesta pacífica es un derecho constitucional. Sin embargo, la manera de realizarla es la que la ha convertido en una especie de lucha campal, algunas veces a muerte.

Cada quien tiene argumentos y soluciones para una situación que suma cuatro semanas continuas de marchas entre el buen comportamiento de parte de algunos; la violencia, el vandalismo y el saqueo, de otros; más la represión de la fuerza pública del Estado.

El punto de partida del descontento social y lo que ha comenzado a ser llamado como ‘El florero de Llorente contemporáneo’, fue la anunciada reforma tributaria que el gobierno del presidente Iván Duque pretendía que le aprobara el Congreso de la República bajo el argumento de conseguir recursos para cubrir un déficit fiscal de 95 billones de pesos, el cual creció de manera rápida en el 2020 debido al impacto de la pandemia por el Covid-19.

En resumen, con dicha reforma se trataba de ampliar la carga de impuestos hacia productos y servicios básicos, impactando de manera negativa en la deterioraba economía de la clase trabajadora y productores emergentes, pero dejándoles las prerrogativas de las que gozan los grandes productores del país, en especial el sistema financiero.

“No aguantamos más impuestos e indiferencia social de parte del Estado”, expresaron voceros de las centrales obreras y estudiantes días previos a la convocatoria del paro nacional; incluso, en ese momento agremiaciones de la economía nacional, sectores sociales, partidos políticos, líderes regionales del mismo engranaje del Gobierno, advirtieron que era inoportuna la iniciativa estructurada por el Ministerio de Hacienda, en ese momento bajo el liderazgo de Alberto Carrasquilla, quien no aguantó la presión y renunció.

Ante la reacción, el presidente Duque no tuvo otra opción que la de retirar la reforma y buscar concertar una nueva, argumentando que urgen de la búsqueda de recursos debido a que la pandemia ha dejado limpias las arcas estatales.

Se esperaba que así el país volvería a la normalidad. No obstante, ha sido evidente, que el Comité del Paro y demás organizaciones sociales, aprovechado la encrucijada del presidente Duque, presionaron el retiro de otra reforma considerada lesiva, la del sistema de salud; e igualmente exigen el cumplimiento del acuerdo de paz suscrito con las Farc, rechazan el asesinato de líderes sociales, la violación de derechos humanos; al tiempo que solicitan mejores políticas públicas y concretas para los niños, jóvenes, mujeres, atención humanitaria a grupos vulnerables, mejoras salariales, generación de empleo, entre otras demandas.

Pese a los anuncios de parte del Gobierno en establecer un gran diálogo nacional, bajo la mirada de organismos garantes como la ONU y la Iglesia Católica, y de hacer un adelanto de futuros compromisos como el aprobar la gratuidad para la educación universitaria de estudiantes de los estratos 1, 2 y 3, y de acelerar la vacunación contra el Covid-19, el paro continúa.

Ricardo Ávila y Julio César Henríquez

VISIÓN LOCAL Y NACIONAL

Para el director del Instituto de Altos Estudios de la Universidad Autónoma del Caribe, Julio César Henríquez Toro, la situación nacional es producto de la indignación que ha ocasionado la pandemia, el encierro, el temor por el aumento de los casos de coronavirus, el incremento del desempleo, la difícil situación de las clínicas y los hospitales del país, la lenta aplicación del plan de vacunación, sumado al detonante que fue la propuesta impertinente, imprudente e inoportuna de la reforma tributaria. Todo ello ha incrementado la expresión al rechazo de medidas de este tipo en las calles.

“Eso como síntoma de una gran crisis moral, espiritual y emocional del pueblo colombiano, que requiere la atención oportuna del Estado, con una política social que entienda la importancia de la salud mental individual, como evidencia de la condición de la salud social. Si se tiene en cuenta que estamos completando casi el tercer año de gobierno del actual presidente, el desgaste por la difícil situación sanitaria y económica estimula el inconformismo popular, considerando que se esperaba que se atendiera el drama social que padece Colombia desde la primera mitad del siglo 20 y que aún sigue sin resolverse”, advierte Henríquez.

Expresa que cada cuatro años se elige un presidente con la esperanza de que la situación cambie, pero al finalizar los períodos la ciudadanía sigue hablando de los mismos problemas: Atención en la salud, calidad y acceso a la educación, desempleo, pobreza, desigualdad, inseguridad, paz, violencia social y se intenta responsabilizar de la situación, equivocadamente, al presidente de turno.

“Si bien su función es atender esta problemática, en cuatro años es imposible resolver problemas que tienen más de un siglo y que como sociedad pareciera que no hay interés en resolver. Sólo buscamos responsables sin ofrecer soluciones. Esta debe ser la ocasión para unirnos como país, demostrar la capacidad que tenemos como sociedad y enviarle un mensaje al mundo: Porque el pueblo colombiano de forma organizada encontrará alternativas y salidas a sus conflictos”, plantea Julio Henríquez Toro.

Henríquez cierra su punto de vista indicando que la violencia no es el camino de una sociedad que quiera resolver sus diferencias, sino es el combustible y el fuego de la inequidad, la indiferencia, la anarquía y el caos, que puede plantear una guerra civil, si no se toman las decisiones pertinentes.

 

UNA AGENDA COMÚN

“Nuestros líderes políticos, sociales, gremiales, empresariales, sindicales, religiosos deben avanzar en una agenda común, dejando atrás los egos, para pensar como país. La república reclama el talento de su gente para garantizar la convivencia pacífica y el desarrollo: Esa es la senda de la transformación de Colombia: El camino, del encuentro, el diálogo, la propuesta y el trabajo compartido sobre las ideas que ofrezcan soluciones”, destaca.

Otro de los que han expuesto su punto de vista, desde la óptica nacional, es el analista y consultor Ricardo Ávila Pinto, quien reitera que la impaciencia no es nueva. “Los observadores han señalado con razón que en los hechos de estos días se pueden encontrar vínculos con el paro nacional de noviembre de 2019. Si bien en aquella ocasión y después de unos días de desconcierto el Gobierno le abrió la puerta a la llamada “conversación nacional”, esta operó a medias, entre otras razones porque la mayoría de los ministerios y la propia Casa de Nariño dejaron el proceso al garete”.

Ávila cita en su análisis a María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, quien advierte que “lo que hoy estamos viviendo es el acumulado de situaciones no resueltas y la suma de espacios de diálogos truncados”.

El analista hace recomendaciones, sobre todo para el próximo gobierno, para evitar repeticiones.

“El reto es diseñar esquemas que permitan que sectores, como los jóvenes o los campesinos, puedan participar de manera más directa en la definición de políticas públicas”, sostiene.

Considera que en último término, de lo que se trata es de darle un vuelco a la política desde sus cimientos y rehacer el sistema para que funcione por el bien de la mayoría.

Y remarca que revisar desde la financiación de los partidos hasta las reglas de juego que impulsen la transparencia y la participación ciudadana, es fundamental para darle una nueva oportunidad a la democracia.

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