El millonario contrato con $70 mil millones embolatados que tiene dando explicaciones a ministra TIC

*La semana que termina revivió un debate que tiene sus raíces en diciembre pasado. Unión Temporal Centro Poblados, de origen barranquillero, uno de los dos contratistas para masificar la red de Internet en el país, está en el ‘ojo del huracán’. Panorama.

 

Este lunes, si las cuentas de los días hábiles están bien hechas, a la Unión Temporal Centro Poblados se le vence el plazo para que presente el recurso de reposición al que tiene derecho dentro del procesos de caducidad del millonario contrato que, en diciembre pasado, le adjudicó, mediante licitación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

Centro Poblados, junto con la otra firma contratada, Comcel-Claro, adquirió el compromiso de ejecutar en varias etapas el programa de interconectar, a través de la Internet, 14.745 instituciones educativas rurales de los 32 departamentos del país, lo cual hace parte del proceso de abarcar el 70 por ciento del territorio nacional en materia de conectividad tecnológica antes de agosto del 2022.

Específicamente, le correspondió atender la denominada Región B:  Amazonas Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada; pero los resultados en el cronograma de ejecución apenas, a corte de junio, iba en el 3%, que representa 246 colegios; frente al 13%, que suma 883 instituciones, de parte del otro operador a quien le correspondió el resto del país.

Es de destacar que el contrato, repartido en partes iguales entre Centros Poblados y Comcel-Claro, considerado el más alto monto, hasta el momento, en materia de Telecomunicaciones, pues suma 2,1 billones de pesos, tiene plazo para cumplir la meta hasta marzo del 2022, pero la aspiración de la ministra Karen Abudinen es que en diciembre próximo se cumpla anticipadamente.

Inicialmente, ambos contratistas recibieron anticipos, el primero 70.000 millones de pesos, y el segundo 69.000 millones, depositados en una fiducia; luego, en mayo, se estableció un segundo anticipo, pero solo se le dio el visto bueno al desembolso correspondiente a Comcel-Claro por los resultados demostrados.

LOS CUESTIONAMIENTOS

Desde el mismo instante de su adjudicación, los cuestionamientos, sobre todo el relacionado con la Unión Temporal Centros Poblados, no se han hecho esperar contra la ministra Karen Abudinen, quien ha sido reiterativa en que el proceso licitatorio se cumplió bajo todos los lineamientos legales, siendo custodiado por una firma interventora, más el acompañamiento de organismos de control estatal como Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República.

Uno de los medios nacionales que le ha hecho permanente seguimiento a este escándalo de incumplimiento es la W, que en su momento publicó que la mencionada firma no cuenta con la experiencia para el objeto de este contrato ya que del consorcio hacen parte empresas que no tienen nada que ver con el sector de las telecomunicaciones.

En abril de este año el avance del montaje de la infraestructura y operación del servicio en los departamentos señalados apenas iba en 1,2%, y a pesar que el 10 de febrero recibió un anticipo que equivale al 7% del valor del contrato, a junio este contratista no había instalado ni un solo punto digital.

 

LA CARA OCULTA

La semana estuvo agitada para la funcionaria del gabinete ministerial del presidente Iván Duque, luego que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, en su columna de opinión de los domingos en el periódico capitalino El Tiempo, bajo el título ‘Quién es la cara oculta’, se refiriera al millonario contrato, su ejecución y otros asuntos:

“Grandes expectativas generaron el llamado proyecto 10K del Mincomunicaciones, con el cual se pretendía llevar internet a 14.000 colegios. Las economías de escala sugerían que se adjudicara a una sola empresa, pero la ministra se empeñó en dividirlo en dos regiones y adjudicarlo a dos firmas distintas”, señaló de entrada Lleras.

Más adelante, expresó: “Pero ¿quién es el consorcio Centros Poblados? Muy difícil saberlo en medio de este entramado de sociedades anónimas. Uno de los socios es Ingenieros S. A. S., que construye carreteras, otro es un fabricante de muebles, otro construye edificios. Ninguno tiene la más mínima experiencia, a no ser por la controvertida firma ICM. ¿Por qué se adjudicó a la firma con la menor experiencia, entre otras que participaron como ETB, BT Latam, Hughes, Entel, Eléctricas de Medellín, NET Colombia o Hispasat?”.

“No sorprende, entonces, que Centros Poblados se encuentre en causal de incumplimiento. Cuando se la requirió se evidenció que la póliza bancaria aportada era falsa, requetechimba. El Banco Itaú negó haberla expedido y procedió a adelantar la denuncia. ¿Por qué al Ministerio, que cuenta con una subdirección de gestión contractual, ni siquiera se le ocurrió verificar su autenticidad? Esto no se lo cree nadie”, destacó el columnista.

De allí se revivió el debate que empezó en diciembre 2020, dejando de lado la actuación de Comcel-Claro y concentrando las críticas sobre Centros Población, firma de la que dudan en su experticia en materia de tecnologías y se cuestiona el pasado de algunos de las empresas que integran la unión temporal; incluso, las criticas generan sin sabor por haberse generado en Barranquilla.

 

LA CADUCIDAD

Acerca de la caducidad del contrato a Centros Poblados, el Ministerio de la Telecomunicaciones, mediante un boletín informativo señala que luego de una audiencia “dio lectura al acta que declara la caducidad del contrato 1043 de 2020. A partir de la fecha, el contratista dispone de 10 días hábiles para presentar el recurso de reposición contra el acto administrativo”. El plazo vence este lunes 2 de agosto.

Se indica que “en la audiencia, en la que se respetó el debido proceso, la Unión Temporal Centros Poblados tuvo todas las garantías para su defensa. El Ministerio ejerció su obligación de defender el interés público y el acceso a la conectividad y a la educación de los colombianos”.

Hay un antecedente del 25 de junio pasado. Y es que el Ministerio ya había denunciado ante la Fiscalía General de la Nación a Centros Poblados por presunta falsedad, “tras conocerse información que pone en duda la autenticidad de la garantía única de cumplimiento entregada por el contratista”. La decisión fue puesta en conocimiento de la Procuraduría General y de la Contraloría General.

El Ministerio sostiene que “en desarrollo de las acciones de control al desempeño de la Unión Temporal y frente a los atrasos en el cumplimiento de sus obligaciones, el supervisor del contrato solicitó desarrollar un proceso por presunto incumplimiento… El contratista rindió explicaciones en el marco del debido proceso en compañía del Banco Itaú Corpbanca Colombia S.A., a quien identificó como entidad garante. Sin embargo, en el marco de la audiencia, la apoderada del banco manifestó que la garantía bancaria presentada no fue expedida por su entidad”.

“El Ministerio TIC desplegará todas las acciones administrativas y judiciales que permitan sancionar a los responsables de la falsedad y garantizar la satisfacción de los fines del contrato cuya ejecución quedará suspendida ante la ausencia de garantía”, advierte la cartera ministerial.

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