La Contraloría General de la República advirtió que el esquema de remuneración establecido de la Regasificadora del Pacífico implicaría un impacto tarifario para los usuarios de gas en el país, al entrar en operación esta planta en 2024, dado que se verían afectados con un incremento del 32 por ciento en tres años.
En la primera función de advertencia que emite en aplicación del control fiscal concomitante y preventivo, identifica varios riesgos de afectación negativa a los intereses públicos con relación al proyecto de construcción de la mencionada regasificadora y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.
De acuerdo a lo indicado por la Comisión de Regulacion de Energía y Gas, Creg a la Contraloría, los efectos tarifarios solo se podrán obtener en forma posterior a la adjudicación y durante la operación del proyecto. No obstante, la Contraloría precisa que la evaluación preliminar de la Unidad de Planeación Minero Energética, Upme, contenida en el “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028”, esboza un escenario de aumentos tarifarios al considerar una franja de posibles incrementos basados en los precios del gas importado.
Ejemplifica así que, para un usuario residencial no subsidiado con un consumo de 15 metros cúbicos, que hoy paga por esa cantidad $28.800, la entrada en operación de la planta le implicaría pagar hasta $38.000 mensuales, a partir del año 2024, es decir un incremento del 32% en tres años, situación preocupante dado su impacto económico para la gran mayoría de colombianos que hoy utilizan este combustible.
La razón principal del Gobierno para acometer este proyecto es garantizar el suministro de gas en el país, considerando que -de acuerdo al “Estudio Técnico para el Plan de Abastecimiento de Gas Natural 2019-2028” que elaboró la Upme existe una alta posibilidad de que se presente un Fenómeno del Niño considerable hacia el año 2024 (más drástico que los ocurridos en los últimos 20 años), lo que hace necesario que la Planta de Regasificación de Buenaventura entre a operar hacia esa fecha, dado el alto consumo de gas que se proyecta.
En ese sentido, llama la atención a la Contraloría que la Upme plantee la necesidad urgente de construir la Planta Regasificadora del Pacífico, para suplir ese déficit de gas natural que se presentaría a partir de enero de 2024, toda vez que si el proceso de selección del inversionista se cumpliese sin ningún contratiempo y el proyecto es adjudicado a finales de septiembre de 2021, como aparece en el cronograma, y estimando un tiempo de construcción de la planta de 58 meses, según la misma Upme, se pondría en operación en julio de 2026, dos años y medio después de presentarse dicho déficit.
INCONSISTENCIAS
Para el ente de control, el estudio de la Upme se presentan inconsistencias en el horizonte de autosuficiencia de gas natural del país, pues plantea cerca de 9 años de reservas de gas de producción nacional, es decir hasta cerca del 2030. Sin embargo, expone un déficit de gas que se presentaría a comienzos del 2024, lo que justifica la construcción de la planta.
En la advertencia firmada por el Contralor General de la República (E), Julián Mauricio Ruiz, y dirigida al ministro de Minas y Energía, Diego Mesa Puyo, el director de la UPME, Christian Jaramillo, y el presidente de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), Jorge Alberto Valencia, se relaciona lo que indicó al respecto la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía:
“…si bien es cierto, la planta no se construirá con recursos del presupuesto nacional, no es menos cierto que su esquema de remuneración establecido implicará un efecto tarifario para los consumidores de gas en el país, pues una vez construida la misma se asumirá el pago de ésta, así la misma no se vaya a utilizar si los supuestos del déficit no se presentan. Es decir, estaríamos asumiendo riesgos con alto impacto económico y social al tener un activo improductivo, construido con un buen propósito, pero con escenarios de oferta y demanda que hoy son objeto de diversos repararos”.
La Contraloría señala también un riesgo por la demora que implica el licenciamiento ambiental y, de acuerdo a lo que ha señalado la Dimar, un riesgo técnico-operativo sobre el Puerto de Buenaventura.
La advertencia de la Contraloría no es de carácter vinculante sobre los riesgos que identifica. Minminas, la Creg y la Upme pueden evaluar autónomamente la adopción de las medidas que consideren procedentes para ejercer control sobre los hechos que indica el ente de control a través de su Delegada de Minas y Energía.
La planta de regasificación costará cerca de US$400 millones, el gasoducto US$161 millones y la infraestructura de comprensión US$150 millones, para un valor total de US$711 millones.
La convocatoria pública de la UPME tiene por objeto seleccionar el inversionista que se encargará, a todo riesgo del adjudicatario, de la prestación del servicio de almacenamiento de GNL, regasificación y transporte de gas natural y Servicios Asociados de la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico conformada por la Planta de Regasificación del Pacífico y el Gasoducto Buenaventura-Yumbo.
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