Suspensiones e interrupciones del servicio de energía que afectan gravemente la economía; inconformidades en la facturación; falta de claridad en el procedimiento de cobro, y preocupación por conexiones fraudulentas que implican que esos consumos lleguen a los usuarios legalizados, fueron varias de las inquietudes que recibió la Procuraduría General de la Nación frente a la prestación del servicio de energía eléctrica.
El ente de control recibió estas quejas y comentarios por parte de pequeñas agremiaciones, vocales de control, personeros municipales y comunidad en general y advirtió que los ciudadanos tenían gran expectativa por la llegada de los nuevos operadores en reemplazo de Electricaribe, no obstante, evidenció alto grado de desconfianza debido a que los clientes finales no perciben cambios en las condiciones del servicio.
Ante esto, la Procuraduría solicitó respuestas a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y a los operadores Afinia y Air-e, sobre las irregularidades denunciadas.
En carta enviada a la Superservicios, Natasha Avendaño García; al director de la Creg, Jorge Alberto Valencia Marín; y a los gerentes Javier Lastra Fuscaldo (Afinia) y Jhon Jairo Toro (Air-e), el Ministerio Público pidió información sobre las acciones realizadas para mejorar la prestación del servicio en la región. Adicionalmente, presentó la actuación preventiva adelantada y las conclusiones de las mesas de trabajo realizadas con las comunidades en noviembre de 2021.
El órgano de control también dio a conocer las inconformidades presentadas por los veedores ciudadanos en las sesiones de diálogo, entre ellas, la desconfianza en relación con el proceso de instalación de los medidores inteligentes, donde se encontraron quejas de facturas que ascienden al millón de pesos para estratos dos y tres.
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