A través de un documento de política pública, la Sociedad de Agricultores de Colombia- SAC- y sus afiliados, le presentan a los candidatos a la Presidencia de la República propuestas de carácter transversal para implementar en el período 2022-2026 y así desarrollar por fin el campo colombiano.
De acuerdo con la SAC, la ausencia de una visión de largo plazo en materia de política agropecuaria sumada a los efectos negativos que cuatro crisis han tenido sobre el sector en los últimos dos años, deben llevar a pensar seriamente a los candidatos a la Presidencia de la República y a los recién elegidos Senadores y Representantes a la Cámara, sobre la necesidad de diseñar e implementar de manera decidida políticas públicas que contribuyan de manera contundente a dar respuesta a las necesidades de un sector que es estratégico para la seguridad nacional y que a pesar de la falta de atención seria por parte del Estado a lo largo de la historia, le ha cumplido al país garantizando la seguridad alimentaria y manteniendo el empleo y la estabilidad social en las zonas rurales de nuestro país.
Para la agremiación, la política sectorial se debe dividir en tres bloques: Seguridad alimentaria y sus habilitantes, dotación de bienes públicos y presupuesto, y política rural de largo plazo e institucionalidad agropecuaria.
La seguridad alimentaria: Debe ser un pilar de la estrategia de seguridad nacional y debe contar con el apoyo del estado para habilitar y garantizar la producción rentable de alimentos y su acceso por parte de la población más vulnerable.
“Es responsabilidad del Estado desarrollar los elementos habilitantes, como la seguridad jurídica de la propiedad rural, el crédito y aseguramiento agropecuario, una política nacional de insumos agropecuarios, entre otros, para garantizar la producción rentable de alimentos y su acceso por parte de la población más vulnerable económicamente”, indica el documento.
La dotación de bienes públicos con sólidos compromisos presupuestales: Será uno de los mayores dinamizadores del sector agropecuario y del empleo rural. Debe ser un compromiso del próximo gobierno para sacar del atraso al campo colombiano.
“Indiscutiblemente la sólida y permanente inversión de recursos del Estado en vías terciarias, seguridad, conectividad digital, distritos de riego, titulación de tierras y fortalecimiento de las entidades públicas, entre otros, puede ser uno de los mayores dinamizadores del sector agro”, anota la SAC.
Añade que la decisión política de apropiar los recursos necesarios en el presupuesto general de la nación durante el próximo cuatrienio, así como de invertir los recursos necesarios que permitan la ley de regalías y el sistema general de participaciones, será fundamental para que su ejecución sea permanente y tenga un impacto real en dotar de bienes públicos a la ruralidad colombiana.
Definición de la política rural de largo plazo y su articulación con la institucionalidad agropecuaria: Garantizará la estabilidad de las inversiones públicas y privadas y su impacto en el mejoramiento de las condiciones de vida de los 11 millones de colombianos que habitan las zonas rurales. Su enfoque debe ser tanto sectorial como regional.
El enfoque de esta política debe incorporar la realidad de cada uno de los sectores de la producción, así como de las diferentes regiones en las que se desarrollan las actividades agropecuarias del país.
“Este documento contiene propuestas de política pública de carácter transversal y sectorial que de ser implementadas sin duda alguna contribuirían al desarrollo del sector agropecuario y al mejoramiento de las condiciones de los más de 11 millones de habitantes que tiene la ruralidad de nuestro país”, anota el gremio presidido por Jorge Enrique Bedoya.
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