Erradicar desigualdades regionales recomiendan analistas costeños al presidente Gustavo Petro

*Destacan lucha real -no más letra muerta-, contra la pobreza, el desequilibrio en la competitividad, el actual sistema tarifario energético, el atraso en el desarrollo tecnológico y fortalecer las políticas relacionadas con el medio ambiente, entre otros temas.

Definido el nuevo Gobierno Nacional para los próximos cuatro años, contados a partir del 7 de agosto del año en curso, la lupa está puesta en el cumplimiento de las metas en campaña, en especial los compromisos hechos con las comunidades regionales.

En ese sentido tres expertos analistas de la realidad político-administrativa de la Costa Caribe, la exministra de Medio Ambiente, de Agricultura, exdirectora de Planeación Nacional y exsenadora, Cecilia López Montaño; el expresidente del Comité Intergremial del Atlántico, Ricardo Plata Cepeda; y exsenador y exministro de Minas y Energía, Amylcar Acosta Medina, se refiero a los retos que deberá enfrentar Gustavo Petro Urrego y su equipo de trabajo con la región Caribe colombiana.

“Para mí el problema más serio que tiene que abordar el nuevo Presidente de Colombia, con respecto a la región Caribe es la pobreza y la desigualdad, y en eso el hambre”, destaca López Montaño, al señalar el caso concreto de Barranquilla en donde advierte que un 50 por ciento de su población no consuma las tres raciones diarias de alimento. “Es una vergüenza y un dolor inmenso que implica que, de manera inmediata, esa sea una gran prioridad y eso implica recuperar el potencial agrícola en la región Caribe, incentivar nuevamente la industria”, subraya.

La exministra también señala que muy a pesar de que la Capital del Atlántico se ha convertido fundamentalmente en un epicentro comercial, esa condición no se ve traducida en realidad en más empleos.

REACTIVAR EL CAMPO

“Necesitamos reactivar el campo. Hay concentración de tierras en la región Caribe y es donde tenemos la peor utilización de esa tierra, en donde la ganadería extensiva poco productiva se ha adueñado de la tierra productiva y nuestros campesinos están en una situación de rezago económico y social muy grande. Entonces, el contexto general es reducir la pobreza y la desigualdad, pero implica una reorientación, una transformación del esquema productivo, recuperar la producción agrícola e incentivar actividades intensivas en mano de obra”, sostiene López Montaño.

También apunta en que los clanes y élites políticas de la región aprovechen la actual coyuntura por la que atraviesa el país y “dejen de estar agachándose ante estos problemas políticos tan serios y ayuden a generar nuevos liderazgos mucho más transparentes y que, realmente, se ocupen de los problemas de la región. No es que, simplemente, usen esa falta de sanción social para beneficiar sectores que ya son privilegiados”, concluye la exsenadora.

SERVICIO DE ENERGÍA

A su turno, Ricardo Plata Cepeda advierte que el nuevo gobierno debe asumir parte sustancial de la inversión necesaria en distribución de energía, con recursos del Presupuesto Nacional, en los próximos cuatro años.

“La región puede contribuir, directamente, en ese esfuerzo presupuestal de dos maneras: Primero, directamente, destinando parte de los recursos de regalías que se van a incrementar, significativamente, al menos en los próximos dos años, a raíz de los mayores precios y volúmenes de exportación de petróleo y carbón. Y, segundo, indirectamente, destinando la venta de activos productivos del sector eléctrico, como son las empresas generadoras Gecelca y Urrá, hoy en manos del Gobierno Central, pero creados con inversión territorial de municipios, departamentos y usuarios del Caribe, y localizados en esta región”, anota el expresidente gremial.

Agrega Plata que debe ser revisada la “injusta” resolución de la CREG que autorizó a las empresas Air-e y Afinia a cobrar a los usuarios que sí pagan, las pérdidas ocasionadas por las que no lo hacen y destaca como ejemplo equivalente el caso si la Alcaldía de Bogotá le suba el 50% de la tarifa a los usuarios de Transmilenio que sí pagan, para cubrir la tarifa de los que se cuelan en el sistema. “Además, de la competitividad de las empresas aquí localizadas, que son de todos los colombianos, se ve gravemente comprometida y por la región se exportan el 90% de las toneladas que exporta el país”.

Otro reto, de acuerdo con el analista, es “cumplir, sin esguinces, los compromisos que se logre hacer para rescatar lo que quede de la APP del río Magdalena, licitación recientemente declarada desierta, para agregar a la cadena de fracasos desde hace una década, que dio lugar a un Plan B, acordado en principio con el gobierno nacional”.

Cepeda cierra su opinión indicando que el nuevo Gobierno debe “comprometerse con el inicio de Casa Grande Caribe, plan ensamblado hace 5 años por cuatro centros de pensamientos de la región, para nivelar en 12 años, o sea en tres períodos presidenciales, esta región con el resto del país en educación, salud, embarazo adolescente y nutrición (que están más relacionados de lo que se cree) y agua potable y saneamiento básico. Al tiempo que se incrementa la capacidad de recaudo de los entes territoriales para aportar a esos objetivos”.

DESCENTRALIZAR EL PODER

En concordancia con López y Plata, el exministro Amylcar Acosta expone lo que él denomina “asignaturas pendientes”, directamente relacionadas con la descentralización del poder, de tal manera que armonice el desarrollo de las regiones colombianas.

Destaca, por ejemplo, hacer extensiva a las regiones productoras de recursos naturales no renovables y generadoras de energías renovables, la aplicación de la Ley 1819 de 2017 y la Ley 1147 de 2020, que les permite a las empresas financiar y ejecutar obras en donde operan con cargo al impuesto de renta que deban pagar a la Nación, bajo la figura de Obras por impuestos.

“Hoy ello solo es posible en las zonas más afectadas por el conflicto armado (Zomac) y en los municipios en donde se implementan los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET). Esta sería una manera de compensar mejor a dichas regiones, que vieron afectados sus ingresos con el recorte de las regalías directas que venían percibiendo”, manifiesta el exministro Acosta.

Así mismo, dice que es urgente impulsar una reforma tributaria territorial, con el fin de fortalecer las fuentes de recursos propios de los departamentos y municipios del país. “Entre los años 1990 y 2020 (30 años) se han tramitado y aprobado por parte del Congreso de la República 17 reformas tributarias, en promedio una cada año y medio, todas, absolutamente todas, para arbitrarle recursos a la Nación, ninguna en beneficio de las entidades territoriales”.

Advierte Acosta Medina la urgencia de “establecer una fecha límite para que la Nación les reintegre a las regiones los $14.8 billones, provenientes del Sistema general de regalías (SGR), de los cuales dispuso el Gobierno Nacional, arbitrariamente, para financiar el Fondo de mitigación de emergencias (FOME) para enfrentar la pandemia del Covid-19”.

ACELERAR TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Profundizar y acelerar la transición energética, que debe ser justa y equitativa e ir de la mano de la transformación productiva para diversificar la economía y reducir su dependencia de la actividad extractiva, es otra de las recomendaciones del analista al presidente Petro.

“Tanto la transición energética, como la transformación productiva, así como los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) deben ser territorializados, aterrizándolos en las regiones. A estos se debe sumar el cierre de la brecha digital (objetivo 18), ampliando la cobertura de la conectividad de internet. Ello es inaplazable”, precisa.

El exsenador expone que es menester el fortalecimiento y puesta en marcha de una política de fronteras, que brilla por su ausencia y se ha quedado como letra muerta. “La gestión de la política de fronteras amerita contar con una Consejería al más alto nivel que se ponga al frente de la implementación de la Ley de Fronteras, le haga un seguimiento e involucre a las regiones en su implementación, concertando e involucrando a las regiones en ella”.

Por último, entre otras sugerencias el exministro Acosta Medina pide que se reviva y fortalezcan las comisiones regionales de competitividad (CRC) y los planes regionales de competitividad (PRC), teniendo en cuenta que “ningún país puede llegar a ser competitivo si sus regiones no lo son”; se tome distancia del modelo económico neoliberal, basado en el extractivismo, para poner en práctica otro que se fundamente en una economía diversificada, que sea sostenible e incluyente.

“La clave está en que responda a las realidades y especificidades de cada una las regiones, a las que no se les puede imponer la férula del pensamiento único y mucho menos someter a los caprichos y veleidades de la tecnocracia capitalina”, concluye.