¿De dónde provienen los ataques contra empresas de transporte y conductores de buses en Barranquilla?

A la solidaridad ciudadana y al alto Gobierno han tenido que recurrir los alcaldes de Barranquilla y su área metropolitana para tratar reestablecer el orden público, alterado por la actuación de la delincuencia organizada.

Las situaciones más complicadas, sobre todo por la ola de crímenes con la modalidad de sicariato; los atentados a bala contra el transporte púbico y el comercio a manera de presión para cedan a la extorsión; y el atraco a mano armada contra ciudadanos; mantienen a las comunidades en vilo e insistiéndoles a las autoridades administrativas y los miembros de la Fuerza Pública actuaciones positivas.

Pese a tener áreas focalizadas con la incidencia de delitos como el homicidio, la extorsión y el hurto en los barrios del sur de Barranquilla, Soledad y Malambo, los resultados operativos distan mucho de garantizar la tranquilidad que claman las comunidades afectadas.

Los detonantes más recientes han sido los ataques sicariales contra las empresas de transporte público, que menos de 15 días dejan a conductores muertos, y varios vehículos atacados a tiros cuando circulan por determinados del Área Metropolitana. Sin embargo, las autoridades tratan de establecer si los hechos cometidos es producto de problemas personales de las víctimas o de la negatividad de pagar extorsión a delincuentes los dueños de las empresas para las que laboran.

Mientras se adoptan medidas, los conductores de empresas como Coolitoral afectada por los crímenes de dos crímenes de sus compañeros, se declararon en cese de actividades y pese al compromiso de la Policía de garantizarles seguridad y vigilancia en 22 puntos clave de sus recorridos mantienen su posición de no movilizar los vehículos, señalando que sienten temor.

DESDE LAS CÁRCELES

Las autoridades, tanto administrativas como policivas, coinciden en que el actual caos es producto del manejo que, desde las cárceles, del interior del país le vienen dando a sus subalternos los alias el ‘Negro Ober’, ‘Borré’, ‘Otón’, ‘Cachetes’ y ‘Tommy Masacre’, por lo que pidieron a los ministerios de Defensa y de Justicia y al Inpec el aislamiento total.

El alcalde Jaime Pumarejo Heins, en un consejo de seguridad extraordinario en el que se analizó la parálisis de un sector de los transportadores urbanos y por ello se elevó la petición a las autoridades nacional para que actúen en torno a los cabecillas de grupos delincuenciales, como los Rastrojos Costeños, el Clan del Golfo, y bandas menores que, además, se pelean el mercado del microtráfico en el área metropolitana de Barranquilla. 

Otras medidas acordadas giran en torno al ofrecimiento de una recompensa de 500 millones de pesos por información veraz que conduzca a la captura de los alias ‘Digno Palomino’ y ‘Castor’, quienes harían parte de las llamadas extorsivas a comerciantes y transportadores.

De igual forma, Pumarejo explicó el despliegue de un grupo especial formado por fiscales y policía encubiertos “para atacar las finanzas y extinguir bienes de las bandas criminales que se dedican a la extorsión, con el fin de acabar con sus fuentes de financiación”.

Por último, se puso en marcha el ‘plan desarme’ a través del cual se ofrecen “recompensas de hasta 5 millones de pesos por cualquier información que nos permita llegar a las caletas de fabricación o alquiler de armas artesanales o industriales y, al mismo tiempo, estamos ofreciendo hasta 5 millones de pesos por información sobre cualquier hurto a los vehículos de transporte público de Barranquilla”, según Pumarejo.

La más reciente estadística de la Policía señala que han capturado en Barranquilla y los municipios del área metropolitana a 150 personas por el delito de homicidio lo que ha permitido el esclarecimiento de esos delitos; e igualmente, 130 capturados por extorsión.