El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, junto con el presidente (e) de la Agencia Nacional de Infraestructura, Carlos García Montes, anunció la suspensión de la adjudicación de la APP Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal de Dique hasta el próximo 12 de septiembre de 2022, con el fin de abrir espacios de diálogo con las habitantes de las zonas de influencia del proyecto.
“Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro es fundamental escuchar las preocupaciones que tienen las comunidades, los órganos de control, la JEP, el Ministerio de Ambiente y los diferentes actores sobre el proyecto del Canal del Dique en sus diferentes componentes. Y serán clave los aportes que las y los colombianos deseen hacer con relación al proceso durante estos espacios”, señaló el ministro.
Las mesas de diálogo y socialización contarán con el acompañamiento de la Comisión Accidental de Seguimiento al proceso de adjudicación del Canal del Dique, conformada por nueve integrantes de la Cámara de Representantes. Además, realizarán reuniones con autoridades locales, gremios y actores relevantes para este megaproyecto fluvial que busca recuperar los ecosistemas degradados, pero también mitigar el impacto de posibles inundaciones en la región caribe ante fenómenos climáticos.
SOBRE EL CANAL DEL DIQUE
El proyecto tiene una longitud total de 115,5 km, que abarcan la hidrovía, entre el municipio de Calamar y la bahía de Cartagena. La ejecución de las obras incluye, entre otros, un sistema de compuertas en Calamar así como esclusas en Calamar y Puerto Badel, con el fin de evitar la entrada no controlada de caudal y grandes cantidades de sedimentos al sistema. De esta manera se hará un control de posibles inundaciones a lo largo del canal, permitiendo mantener un control activo sobre el mismo.
El proyecto tiene previsto un valor de inversiones (Capex + Opex) cercanos a los $3.25 billones; distribuidos en $2.34 billones en obra Capex y $0.91 en operación y mantenimiento Opex (Cifras en pesos constantes de diciembre del año2020). Estas inversiones calculan la generación de 61.766 empleos (directos, indirectos e inducidos) a lo largo de todas las etapas del proyecto.
La población beneficiada con este proyecto está estimada en 1.5 millones de habitantes, en las poblaciones de ocho (8) municipios del departamento de Atlántico (Campo de La Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, Repelón, Sabanalarga, Santa Lucia y Suan); diez municipios del departamento de Bolívar (Arjona, Arroyohondo, Calamar, Cartagena de Indias, Mahates, María La Baja, San Cristóbal, San Estanislao, Soplaviento y Turbana); y un municipio de Sucre (San Onofre)
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