La Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, comunicó que comparte el objetivo del Gobierno Nacional de reducir la pobreza y la inequidad y contribuir a la gestión del cambio climático y al desarrollo sostenible, en el marco de una transición integral: energética, económica y productiva. En ese sentido, destaca el compromiso del Ministerio de Hacienda con la Regla Fiscal y, por ende, de continuar con el ajuste fiscal al tiempo de buscar recursos de inversión.
El gremio está de acuerdo entonces con la necesidad de una reforma tributaria que contribuya al recaudo de nuevos recursos fiscales, en especial si estos se direccionan a programas ambiciosos de reforestación y reducción del hambre y construcción de paz a través de proyectos agrícolas y pecuarios en las regiones donde la industria opera, contribuyendo además a la diversificación económica de esos territorios.
Añade que el sector de hidrocarburos ha sido y es uno de los grandes contribuyentes del país; una fuente determinante de divisas y de ingresos públicos a nivel nacional y regional, apalancando iniciativas estratégicas de desarrollo económico, social y ambiental. En ese marco, la Asociación considera fundamental que la reforma en estudio no afecte la viabilidad de la industria, pública y privada, de la inversión y de la competitividad.
Y este punto expresa su preocupación por la carga fiscal de la reforma tributaria presentada por el Gobierno al Congreso, en el sector de hidrocarburos que llegará hasta el 80 por ciento, lo que comprometería la viabilidad de proyectos de Exploración y Producción (E&P), incluidos contratos existentes que requieren de inversión, sin perjuicio de la necesaria para una transición integral.
Resaltó el gremio que las empresas privadas son responsables del 70 por ciento de la exploración ejecutada.
“Una disminución en la inversión y la cancelación de proyectos de E&P pondrá en riesgo no solo la competitividad de proyectos fundamentales para la autosuficiencia energética y contar con precios razonables para los hogares, particularmente en gas y electricidad, sino que impactará el desarrollo, el empleo y la contratación de bienes y servicios en 19 departamentos, yendo en contravía al espíritu de la reforma”, dice la ACP en cabeza de su presidente Francisco José Lloreda.
Por ello reitera la disposición para continuar el diálogo con el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro de Hacienda, con el Congreso de la República, en cabeza de su Presidente, y con la Ministra de Minas y Energía, en aras de compartir los análisis del sector y del impacto de la reforma planteada, a fin de que contribuyan a construir una iniciativa que asegure la competitividad y viabilidad de la industria.
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