Canal de Isabel II sigue peleando para recuperar Triple A

Se ha vuelto característica la frase “se vale soñar…”, en las expresiones cotidianas del alcalde de Barranquilla, Jaime Parejo Heins, cuando el tema tiende a impactar, de manera positiva, en el futuro desarrollo de la ciudad.

La volvió a manifestar, recientemente, cuando los directivos de Alutrafic LED, compañía del grupo empresarial de la familia Daes Abuchaibe, oficializaron la donación al Distrito del 7 por ciento de las acciones que tenían en la Triple A, como apoyo solidario hacia las comunidades vulnerables de las zonas de influencia de la entidad, encargada de suministrar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a los barranquilleros, lo cual se hará efectivo desde el próximo primero de septiembre.

“Vamos a poder decir que los barranquilleros somos dueños mayoritarios de nuestra empresa pública de agua, aseo y alcantarillado (…) a tener más activos, generar más utilidades a futuro, y le va a permitir a la ciudad y a la empresa seguir fortaleciéndose y solidificándose”, comentó Pumarejo, al informar que el Distrito pasa de tener un 65 al 72 por ciento de las acciones en dicha entidad.

Sin embargo, la española Canal de Isabel II, antigua propietaria de la mencionada empresa de servicios, no se resigna y avanza en acciones jurídicas en el plano nacional e internacional para recuperar la mayoria accionaria.

Pumarejo subraya que la cesión hecha por Alutrafic LED fortalece el “sueño” de convertir a la Triple A, en el corto plazo (unos dos años), en una competencia nacional para el sólido Grupo EPM de Medellín, perteneciente a la Alcaldía de la ‘Capital de la Eterna Primavera’; de Codensa, adscrita a la Alcaldía de Bogotá; y otras de esencia pública que han incursionado en negocios que, normalmente, hacen parte de la dinámica económica del sector privado.

“Queremos competir en el mercado nacional con empresas como EPM; por eso, dentro de muy poco, vamos a empezar con pilotos de energía solar en casas, negocios industriales y comerciales, y vamos a tratar de abrir nuestro abanico de posibilidades para que Triple A, poco a poco, empiece a entrar en diferentes sectores y se vuelva un generador de utilidades”, sostuvo el mandatario.

A propósito de las EPM de Medellín es referente de un existo modelo de manejo eficiente de un organismo del sector público, que hoy tiene presencia en varios países de América Latina con un variado menú de productos básicos en la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, purificación de aguas residuales, al igual que en la generación, comercialización y distribución domiciliaria de energía eléctrica.

INCREMENTA ACTIVOS

Pumarejo indicó que una Triple A robusta en materia financiera le facilita al Distrito de Barranquilla incrementar sus activos, “generar más utilidades a futuro, y le va a permitir a la ciudad y a la empresa seguir fortaleciéndose y solidificándose”; de allí que ya esté proyectando el programa piloto en la ciudad con base en el uso de la energía solar en viviendas, el comercio y la industria.

Una ilustración en materia de los beneficios financieros, de acuerdo con Pumarejo es que, si el Distrito venía recibiendo, anualmente, cerca de 21 mil millones de pesos en transferencias de la Triple A, y con el 72 por ciento de las acciones, este monto se acercará a los 120.000 millones de pesos.

“El reto es hacerlo bien y corregir errores del pasado, por lo que desde ya se está trabajando en un Código de Buen Gobierno a largo plazo en donde quede contemplado, sin importar la Administración, los principios técnicos y administrativos para la toma de decisiones de la empresa”, indicó Pumarejo.

Destacó que se contemplan acciones para optimizar la calidad del servicio y reducir las pérdidas.

El año pasado, la Triple A, con presencia en 14 municipios del Atlántico y más de 2,8 millones de usuarios, alcanzó ingresos por 790.000 millones de pesos, frente a 677.791 millones en el 2020.

En enero pasado, el gerente Jairo De Castro anunció que, para el presente año, se contempla una inversión, en mejoría de la actual infraestructura, por un monto de 190.000 millones de pesos.

LA PIEDRA EN EL ZAPATO

Si bien el alcalde de los barranquilleros se muestra optimista frente al futuro de la Triple A, no debe olvidar que aún hay situaciones internas, en especial relacionadas con pleitos jurídicos, que podrían obstaculizar el camino proyectado.

Tal es el caso del reclamo del 82,16 por ciento del paquete accionario que viene haciendo su anterior socio mayoritario, el grupo español Canal de Isabel II, luego de cerrar negocios con el consorcio Inassa, del que hacían parte inversionistas nacionales.

En el 2017, a raíz de investigaciones de parte del gobierno de España sobre Canal de Isabel II por evidencias de corrupción, las cuales se extendieron a naciones en donde el grupo tiene presencia; en el caso de Colombia se detectaron irregularidades que llevó a la intervención a la Triple A y el mando lo asumió la Sociedad de Activos Especiales, SAE, hasta que, a finales del año pasado y comienzos del presente, mediante la figura de enajenación temprana, el Distrito de Barranquilla pasó del 14 a contar con 65 por ciento de la acciones.

Canal Isabel II argumenta, a través de un pool de abogados internacionales que le cobra 4,5 millones de euros, la vulneración del Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones, suscrito entre los Gobiernos de Colombia y España, por parte del Gobierno Colombiano y que hubo una expropiación de manera ilegal.

El caso se ha puesto a consideración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, del Banco Mundial, cuya sede es Washington, Estados Unidos; y de manera paralela ante la Consejería de la Competitividad del Gobierno Nacional en Bogotá. De manera paralela, según la W Radio, invierte 1,2 millones de euros en ‘lobby’ con dirigentes políticos y periodistas colombianos buscando vías de conciliación.

Sobre el hecho el embajador de España en Colombia, Joaquín de Arístegui, habló con EFE, la agencia española de noticias: “En el caso de inversiones como la que hizo en su día Isabel II, que tiene unos procedimientos y unos mecanismos que cuando la empresa española, si lo decide, quiere activar, pues seguirán su curso normal cumpliendo una serie de requisitos; es una cuestión que tiene que decidir la empresa española si considera que en algún momento algún derecho o pretensión suya ha podido sufrir un menoscabo”.