abril 15, 2024

Denuncian disminución de subsidios de energía e imposición de medidores inteligentes

El Comité ejecutivo nacional Dignidad y Compromiso asegura que en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) aprobado recientemente, a la región Caribe no le fue nada bien en asuntos tan importantes como los servicios públicos domiciliarios. Indica que el artículo 108 habla de reasignar subsidios para focalizarlos más.

Para el Comité, esto significa reducir los subsidios. A esto se le añade la utilización de la cuestionada infraestructura de medición inteligente AMI, que de acuerdo con Dignidad y Compromiso, es bien sofisticada e innecesaria para la mayoría de los usuarios que no consumen miles de kilovatios hora mensual.

Señala la entidad que además la implementación de la medición implica otro costo más, al necesitarse una nueva empresa que será pagada por los usuarios vía tarifas.

“Además en el artículo 373, ratificaron el Gobierno Nacional y el Congreso, el régimen especial tarifario del servicio eléctrico contra los costeños, el cual tiene a más de 11 millones de usuarios residenciales y sector empresarial pagando las tarifas más altas del país, y dejando de consumir alimentos para poder pagarlas. Se podrán venir protestas ante tamaña inequidad”, sostiene Norman Alarcón, copresidente de Dignidad y Compromiso en Atlántico.

“Nos parece gravísimo que se disminuyan los subsidios a los sectores más pobres de la población y la imposición de la medición AMI, que se ha demostrado que donde la han colocado se han disparado las facturas”, dice Alarcón quien agrega que además esto entra en contradicción con la Corte Constitucional que con su sentencia C-186 de 2022 determinó “la medición inteligente AMI en Colombia no es obligatoria”.

El PND del actual gobierno aprueba que la AMI si es obligatoria para los estratos 1, 2 y 3.

El Comité también precisa que el Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso de la República a instancias del Gobierno Nacional, contempla un modesto crecimiento del Producto Interno Bruto menor al 3%, con el cual no se podrán esperar mejoras sustanciales en las grandes necesidades de los colombianos en asuntos cruciales como el empleo y la producción agraria e industrial entre otros.

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