abril 16, 2024

Corte Suprema definirá si el fiscal Barbosa puede investigar al hijo del presidente Petro

En manos de la Corte Suprema de Justicia quedó la decisión en torno a la recusación contra el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que formulara el diputado del Atlántico, Nicolás Petro Burgos, a través de sus abogados defensores, David Teleki y Juan Trujillo, la semana pasada.

Los argumentos de la recusación surgieron ante el enfrentamiento que sostienen el presidente, Gustavo Petro Urrego, padre de Nicolás, y el fiscal Barbosa, lo cual podría tener incidencia en la imparcialidad que debe prevalecer en una investigación que la Fiscalía adelanta por dineros que habrían sido aportados a la campaña presidencial el año pasado, pero que no fueron reportados a la contabilidad, sino usados para beneficio personal.

Es de anotar que, sobre este hecho, el mismo presidente Petro le pidió a la Fiscalía que investigara la actuación de su hijo y otras personas que coordinaron lo relacionado con la campaña proselitista en la Costa Caribe, ante denuncias hechas por la exesposa de Nicolás, Daysuris Vásquez, quien aseguró que fueron recibidos 1.000 millones de pesos aportados por personajes cuestionados como Santander Lopesierra, de La Guajira, y Alfonso Hilsaca, de Bolívar.

Nicolás, al notar el cruce de trinos y de comentarios punzantes en entrevistas de su padre y del fiscal, consideró que no ve  garantías para ejercer su derecho a la defensa, dentro la investigación y que podría presentarse revanchismo de parte del jefe del ente acusador.

Recusación improcedente

En respuesta, el fiscal Francisco Barbosa, hoy lunes, expidió un comunicado en el que no acepta, por improcedente la recusación. “En consecuencia, la actuación fue remitida a la Honorable Corte Suprema de Justicia, conforme al ordenamiento legal vigente en nuestro país”.

El Fiscal expuso tres razones para no aceptar la recusación, siendo el primero que “las causales de recusación son taxativas y se predican del servidor a cargo del proceso. En este caso, el Fiscal General de la Nación no es el fiscal a cargo de la indagación que cursa contra el señor Petro Burgos”.

Luego argumenta que “la Constitución y la ley garantizan la autonomía y la independencia de los fiscales delegados en la toma de sus decisiones”, y cierra precisando que “los impedimentos no son institucionales, sino de funcionarios judiciales concretos, quienes en sus determinaciones solo están sometidos al imperio de la ley y a los medios de prueba recaudados en la actuación”.

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