¿Por qué tumbaron al Contralor General de la República?

Sin Contralor General de la República se queda el país al ser anulada la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, por parte del Consejo de Estado, corporación que tuvo en sus manos la decisión jurídica de una demanda que lideró la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza.

En la misma resolución, que contempla el fallo de la Sección Quinta, se establece que debe rehacerse todo el proceso de selección y escogerse a un nuevo contralor, cuyo período vence en el 2026.

La representante Pedraza, junto con otras personas, argumentaron que en el proceso de elección de Rodríguez hubo irregularidades por lo que su elección estuvo viciada.

En consecuencia, el Consejo de Estados confirmó que hubo desconocimiento de los artículos, 121 de la Constitución Nacional, del 21 de la Ley 5 de 1992, y del 9 de la Ley 1904 del 2018. En tal sentido se destaca que “se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación”.

Trascendió que la variación se hizo “cuando ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida, actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander, en la primera fase de la elección”, lo cual afectó la objetividad y la legalidad del proceso.

Plenaria del Congreso no fue convocada con la antelación establecida

De igual manera, el Consejo de Estado indicó la manera como la plenaria del Congreso en la que fue elegido Rodríguez Becerra “no fue convocada con la antelación establecida en la ley”.

“Por otro lado, si bien el Congreso sustentó que actuó conforme en jurisprudencia, esta solamente permitía conformar una segunda lista de elegibles para el cargo, pero no una tercera, como ocurrió a la hora de elegir a Carlos Hernán Rodríguez”, dice el informe de prensa.

Por último, queda establecido que el fallo es de única instancia; aunque el Contralor General puede acudir a la figura de una aclaración que le daría una permanencia hasta que escojan a su reemplazo; o podría acudir a la tutela reclamando garantías de sus derechos.