Por iniciativa del gobierno, Senado aprobó gratuidad en universidades públicas

El viejo anhelo de la gratuidad en las universidades públicas de Colombia, y no una promesa más, recibió un positivo y unánime espaldarazo de parte del Senado de la Republica.

“El Gobierno Nacional garantizará la financiación necesaria para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado en Instituciones de Educación Superior Pública”, señala la aprobación de la conciliación del proyecto de ley, antes de pasar a sanción presidencial.

“Buscamos eliminar barreras de acceso, garantizar la permanencia educativa y atender el reclamo histórico del movimiento estudiantil y de la juventud colombiana que ha exigido educación gratuita, pública y de calidad por años”, sostuvo la autora del proyecto de ley, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro.

Por su parte, el senador del mismo movimiento político, Álex Flórez, pero en calidad de ponente, reforzó lo manifestador de su colega Pizarro: “Alcanzamos un sueño que fue una ilusión durante mucho tiempo para el movimiento estudiantil y gracias al apoyo del presidente Petro hoy es una realidad. Los estudiantes no van a tener que pagar un solo peso por la matrícula y esto ya no sólo será una puesta del Gobierno actual o del Gobierno de paso sino que permanecerá en el tiempo”.

Mineducación establecerá los requisitos

El paso que viene, para llevar a la práctica la gratuidad de la educación superior, será responsabilidad del Ministerio de Educación, mediante el establecimiento de los requisitos de quienes tendrán acceso a la gratuidad, teniendo en cuenta la disposición presupuestal y que no se afecten las finanzas de las universidades; igualmente, deberá definir la imposición de sanciones a quienes hayan sido beneficiados pero lo abandonen.

Habrá control estricto en la entrega de los apoyos económicos para sostenimiento, con el fin de evitar que “un estudiante matriculado en programas de pregrado de las Instituciones de Educación Superior Públicas reciba más de un apoyo del Gobierno Nacional para el mismo propósito”, según lo registra el periódico El Tiempo.

El proyecto también destaca que se va a “priorizar a grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad de acuerdo con la focalización socioeconómica Sisbén IV o el instrumento que haga sus veces definido por el Departamento Nacional de Planeación; víctimas del conflicto armado; los que pertenezcan a las comunidades étnicas indígenas, rom, raizales, afrodescendientes y palenqueras, así como a quienes pertenezcan a población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales ubicados en las zonas rurales del país”.