La implementación del proyecto de expansión de Termocandelaria es una muestra de las bondades del actual esquema legal y regulatorio del sector eléctrico colombiano y en general de su solidez institucional.
Tras la crisis por los racionamientos de energía que golpearon al país entre los años 1991 y 1992 como consecuencia del fenómeno de El Niño, el gobierno de entones promovió la inversión privada para el fortalecimiento del parque térmico con miras a respaldar el sistema y evitar hacia el futuro un nuevo apagón.
Las medidas dieron los resultados esperados, y por ello a pesar que se han presentado otras fuertes sequías, la generación térmica ha salvado a Colombia de nuevos y prolongados racionamientos eléctricos. Todo ello ha estado sustentado en disposiciones que le dieron luz verde y han amparado esta clase de inversiones.
De manera específica, ha resultado clave contar con los esquemas establecidos en las leyes 142 y 143 y la gran solidez institucional que tiene el sector de servicios públicos en general, y el eléctrico en particular.
La elevada inversión de 1.2 billones de pesos de los propietarios de Termocandelaria para ampliar su capacidad a 566 megavatios, ratifica su confianza en Colombia y de manera especial en las reglas del juego establecidas para el sector eléctrico.
SU INCIDENCIA EN MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA
Sin lugar a dudas que el esquema de servicios públicos domiciliarios vigente, ha propiciado fuertes inversiones que han jalonado desarrollo económico y social, como las realizadas en la expansión de la generación térmica de energía, trayendo consigo el mejoramiento de la calidad de vida de millones de colombianos de todos los estratos.
“Si uno compara los niveles de cobertura que había en los años 1991 y 1992, antes del esquema actual, y lo que tenemos hoy en energía eléctrica y agua potable, vemos un salto en calidad de vida para los colombianos significativo”, expresó el CEO de Termocandelaria Power S.A., Luis Miguel Fernández.
Explicó que esto se desprende del desarrollo legal de las señaladas normas, al igual que la implementación de disposiciones regulatorias de este esquema. Todo ello ha permitido aumentar tanto cobertura como la calidad de los servicios públicos.
“La solidez institucional ha hecho atractivo este sector para la inversión”, destacó Fernández.
Considera que esta solidez institucional hay que valorarla e indicó que “hay que mejorar en lo que corresponda, sin perder de vista los grandes avances que hemos tenido, hay que construir sobre lo que hemos construido hasta el momento”.
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