Todo apunta a que la masacre en la tarde del jueves, 29 de junio, en la vivienda número 4 del Conjunto Residencial North Frontier, en Villa Campestre, norte de Barranquilla está relacionada con la ‘guerra’ por dominio de territorio en la ciudad y su área metropolitana, que libran dos clanes familiares dedicados al narcotráfico, la extorsión y ‘cobradiarios’.
Las autoridades y analistas de orden público en la región coinciden en que este nuevo hecho en el que se usaron fusiles, y por el que se está ofreciendo una recompensa de 100 millones de pesos para identificar y capturar a los autores, es evidencia del enfrentamiento entre los Ospino y los Vega.
Esto se ha agudizado desde el ataque, también con armas de largo alcance en medio de una fiesta de cumpleaños en el Centro Recreacional Mediterrané, sector de Sabanilla, en Puerto Colombia, el 24 de octubre pasado en donde fue asesinado Jonathan José Ospino Illera, de 21 años.
En la masacre de este jueves los muertos fueron identificados como Ronald Iván Vega Daza y sus hijos Ray Vega Daza y Rafael Vega Cuello; mientras que una cuarta persona y hermano de Ronald, Roberto Carlos Vega Daza, resultó herido a bala en cuello y permanece recluido en un centro asistencial.
El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Jorge Urquijo, en sus declaraciones ha manifestado que se organizó un equipo especializado junto con la Fiscalía Regional que investigará lo sucedido.
Agregó que en el lugar de la masacre, lo autores dejaron abandonados cuatro fusiles y una granada de fragmentación. Dijo que miembros de la familia Vega fueron víctimas de un atentado en el 2018, pero sin ampliar información.
De la investigación harán parte el material que haya logrado captarse en los sistema de videovigilancia en el sector; así como las versiones en el sentido de que los responsables, supuestamente integrantes de la organización criminal ‘El Tren de Aragua’, venían haciéndole seguimiento, desde hacía un mes, a la familia Vega.
Igualmente que dentro del plan criminal se habrían usado drones para saber cada paso dado por los Vega; y que los atacantes alquilaron una bodega en el centro comercial Las Dunas Open, que colinda con el conjunto residencial por donde ingresaron hacia el lugar del ataque a bala. Además, se rastrea lo relacionado con la posterior fuga en una camioneta tipo Duster.
El analista y abogado penalista, Alfonso Camerano Fuentes, asegura en un escrito que “a la hora de la masacre no había un solo agente de la Policía Nacional, ya que “la vuelta” debió superar los 5.000 millones de pesos, y de aquello todos comieron”.
Camerano también asegura que es sabido por las autoridades que Los Vega fueron los que orquestaron el ataque en Solinilla y planteó varios interrogantes: “Dónde estaba la Fiscalía que cubrió el caso de octubre 24 de 2022? Será que los llamó a declarar?..¿Por qué razón no estaban presos los hoy caídos?…¿Acaso una oportuna intervención del Estado no hubiera evitado la masacre?”.
Por último, Camerano sostiene que “las Bacrim actúan en el Área Metropolitana a sus “anchas panchas”, hasta que se desgastan, y entonces el estado previsivo desaparece y facilita “la limpieza” social, dándole “un parte de tranquilidad” a los ciudadanos de bien”.
Sobre el suceso también opinó, en medios locales, el profesor Janiel Melamed, director del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Universidad del Norte, reiterando que detrás de todo está el crimen organizado en clara disputa por el dominio de la economía ilegal y las autoridades tan obligadas esclarecer el caso. “Fue un crimen planeado y las armas que utilizaron son de largo alcance”, anotó.
Pero no solo las autoridades en el Atlántico debe esclarecer la masacre en Villa Campestre, sino las seis que se han registrado en lo que va del año en Barranquilla y su área metropolitana, y que de acuerdo con los rumores tiene como hilo conector el microtráfico, la extorsión y el ‘negocio’ de los ‘cobradiarios’.
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