La Corte Suprema de Justicia tomó la decisión de acusar al exsenador Eduardo Pulgar Daza por el delito de corrupción al sufragante. La alta corporación lo está acusando por presuntamente haber incurrido en la compra masiva de votos durante su campaña al Senado de la República en el año 2018, en el departamento de La Guajira.
De esta manera el dirigente político sigue en líos judiciales luego de haber sido condenado por tráfico de influencias y cohecho, al intentar sobornar a un juez.
La Corte Suprema explicó que este proceso se deriva de otra investigación que adelanta contra la parlamentaria María Cristina Soto de Gómez, también por, supuestamente, haber comprado votos para su campaña.
La Corte, en esta misma decisión, precluyó a favor de Eduardo Pulgar la investigación por fraude procesal y violación de topes o límites de gastos de campaña.
En desarrollo de este proceso en contra del excongresista Pulgar Daza, el órgano de justicia halló información comprometedora del exsenador Armando Benedetti.
Específicamente tiene que ver, también con la compra masiva de votos en el departamento de La Guajira. Por ello el magistrado Marco Antonio Rueda compulsó copias para que de oficio sea abierto un nuevo proceso a fin de valorar las pruebas sobre este hecho ilícito.
La condena por tráfico de influencias y cohecho
El exparlamentario Pulgar ya había sido condenado por la la Corte Suprema de Justicia a cuatro años y diez meses de prisión, por intento de soborno a un juez.
El dirigente, quien paga esa condena en su domicilio, incurrió en tráfico de influencias de servidor público y cohecho, al intentar con el ofrecimiento de 200 millones de pesos, sobornar al juez municipal de Usiacurí, Andrés Rodríguez Cáez para que fallara en favor de los intereses de Luis Acosta Osío en el caso del control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.
En el fallo se indicó: “La Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condena al exsenador Eduardo Pulgar Daza a 58 meses y 25 días de prisión, por cohecho y tráfico de influencias en conducta ante pleito por control de Universidad Metropolitana de Barranquilla”.
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