junio 20, 2024

Choque entre Petro y Procuradora por no suspensión del alcalde de Riohacha

La decisión del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, de no acatar una solicitud de la Procuraduría General de la Nación, relacionada con una investigación al alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, cobijado con medida cautelares, provocó un nuevo choque con la procuradora, Margarita Cabello.

La situación se resume así: El pasado 23 de junio, la Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal presentó requerimiento formal al presidente Petro para que procediera a la suspensión del cargo por tres meses al alcalde Bermúdez, investigado por presuntos malos manejos de recursos en la Alcaldía de Riohacha.

En respuesta, el Mandatario devolvió la solicitud con la argumentación, contenida en un documento de 24 páginas, porque considera que no hay competencia de la Procuraduría para proceder a suspender a funcionarios públicos elegidos mediante el voto popular, tal como lo han señalado organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Además, sostiene que él como suprema autoridad administrativa está obligado a ser garante del orden jurídico constitucional y de los derechos y libertades de los colombianos, obediente de los compromisos y demás obligaciones internacionales del Estado colombiano en materia de derechos humanos. Esto provoca el choque con la procuradora.

Una experiencia similar

Petro ya había vivido una experiencia similar cuando siendo alcalde mayor de Bogotá fue suspendido por el entonces procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez; entonces recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, organismo que sentó el precedente en el sentido de que le fueron violados derechos constitucionales y por ende debía ser reversada dicha decisión y respetar derechos adquiridos mediante el voto popular.

En respuesta a la posición del Presidente que provoca el choque de poderes, la procuradora Cabello consideró que se está sentando “un mal precedente y un mal ejemplo para nuestro país”, y que su actuación es con base en el respeto por la democracia. No obstante, la funcionaria no hace referencia a lo que establece la CIDH.

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