Si la Fiscalía General de la Nación demuestra, con pruebas contundentes, que Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, sí recibió dineros que no reportó a la campaña presidencial de su padre, sino que los usufructuó, según su exesposa Daysuris del Carmen Vásquez Castro, se vería inmerso en varios delitos.
Todo depende de la valoración de la juez de control de garantías El material probatorio aportados por Vásquez más el recopilado por los fiscales, incluso declaraciones que sobre la financiación de la campaña en su momento dio a los medios el exembajador de Colombia en Venezuela y excongresista Armando Benedetti.
Los cargos que están sobre el tapete, según análisis de juristas nacionales serian así: Para Nicolás Petro, lavado de activos y enriquecimiento ilícito; y para Daysuris Vásquez, también lavado de activos y violación de datos personales.
En el caso del hijo del Presidente, el primer cargo se relacionaría porque, supuestamente, el dinero que recibió, cerca de 1.000 millones de pesos, provenían de personajes con una reputación entredicho por sus actuaciones, el guajiro Samuel Lopesierra, quien purgó pena en Estados Unidos por narcotráfico, y Alfonso Hilsaca, cuestionado por obtener contratos público a punta de coimas y tráfico de influencias. Y el segundo cargo es en torno al uso que habría dado a esos recursos en beneficio propio.
Con relación a la exesposa el diputado sería porque, en el tiempo en que entraron esos recursos, incluso que fue ella quien denunció a la Fiscalía y medios de comunicación, se benefició con los mismos puesto que aún existía la relación conyugal; acerca de los datos personales, la ley contempla disposiciones jurídicas sobre la divulgación de los mismos.
Hay que verificar legalidad del dinero
Para el abogado penalista Francisco Bernate, en entrevista a la FM, explica, con base en los chats que aportó Vásquez como prueba en contra de su exesposo: “Si tenemos una conversación, es de los dos, independientemente de que se esté cometiendo delitos o no. Cualquiera de los dos las puede revelar. Esos chats son una prueba, lo que la Fiscalía debe hacer es validar lo que se dice allí”.
También comenta que, en el caso de haberse recibido dinero de las personas señaladas, tiene que verificarse la legalidad de este, y si Nicolás lo usó en beneficio propio, entonces se tipifica el delito de abuso de confianza. Además, en caso de que lo haya logrado afirmando que eran para la campaña, pero que no fue así, incurre en estafa; y si no se declararon en la contabilidad de la campaña, los delitos que caben son fraude procesal y falsedad en documento.
“Así mismo, el hecho de haber intrigado por puestos, se podría decir que es un tráfico de influencias de servidor público, porque Nicolás Petro es diputado de la Asamblea del Atlántico. Sin embargo, esas influencias no provendrían de su cargo de diputado, sino por ser el hijo del Presidente, por lo que se trata más de un tráfico de influencia de particular”, según Bernate.
En caso de que se tenga en cuenta y se compruebe al analizar sus finanzas personales, el delito es enriquecimiento ilícito de servidor público, dada su calidad de diputado, que contempla prisión de 9 a 15 años.
Otro reconocido abogado, Iván Cancino, según el portal Asuntos Legales, Nicolás Petro podría haber incurrido en el delito de tráfico de influencias de particular. “Aunque las evidencias son fuertes, hay que esperar siempre la versión de la otra parte. Lo que sí es cierto a ser un delito de servidor público será al que le corresponde demostrar el origen lícito de los recursos y no al Estado demostrar que provienen de actividades ilícitas”.
La juez de control de garantías que lleva el proceso citó para este martes a las partes involucradas a una audiencia de imputación de cargos en Bogotá a partir de las 8 de la mañana. Tras la diligencia se sabrá entonces si alguno de los dos, o los dos, cometieron tales delitos .
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