Experto explica lo que podría pasar en la audiencia contra Nicolás Petro, este jueves

No basta que Nicolás Petro Burgos haya anunciado que colaborará con la Fiscalía General de la Nación, sino que a partir de la audiencia de este jueves deberá aportar nuevo material probatorio que servirá de soporte para la toma de decisiones definitivas.

Andrés Felipe Díaz, abogado, filósofo, magister, especialista y doctorado en Derecho Penal, actualmente profesor de la Universidad Libre de Barranquilla, habló con el periodista Jorge Cura sobre los escenarios jurídicos en los que va a moverse el proceso contra Petro Burgos, y su exesposa Daysuris Vásquez. Este jueves esta prevista una audiencia en Bogotá.

“Se veía venir. Mucha gente ya venía comentando que era muy difícil que aceptara cargos, y que tampoco era viable que se fuera a un juicio que alargara este proceso. La decisión de colaboración con la Fiscalía, muy seguramente, viene precedida de conversaciones previas, especialmente estos días que tuvo detenido en Bogotá”, comentó Díaz.

Explicó que aquí no se trata de ratificar lo que ya es de conocimiento por parte de la Fiscalía, desde el punto de vista procesal, sino que Petro “tendría que aportar información novedosa, información que permita desarticular una banda, por ejemplo, o ir hacia otros responsables, es permitir conocer nuevos hechos”.

Teniendo en cuenta los delitos imputados, el lavado de activos y el enriquecimiento ilícito, el analista, que los calificó de “muy graves”, se refirió a las opciones que se plantearían en medio de la audiencia de mañana 3 de agosto.

Regulación en materia de beneficios

“El lavado de activos, además, por la historia que tenemos en Colombia, ha sido un delito que ha tenido una profusa y estricta regulación en materia de beneficios. Eso hace, por ejemplo, que no permita una detención domiciliaria a diferencia de otros delitos que sí permiten que el imputado pueda irse a su casa cumplir la pena o a cumplir la medida”, anotó Díaz.

Resumió en que pese, a que se logre un preacuerdo, habrá detención intramural. “En estos momentos hay dos vías abiertas para Nicolás y Daysuris. Una es el preacuerdo con la Fiscalía y eso implica que tendrán que cumplir algo de pena. Normalmente, se les reduce en un 50% respecto de la pena máxima”.

No obstante, los preacuerdos y negociaciones tiene, según Díaz, una dificultad en este caso y es que el monto que le están imputado es “altísimo, estamos hablando de enriquecimiento de más de 1.000 millones de pesos y para que proceda un preacuerdo en cualquier modalidad que sea tiene que reintegrar el 50% del incremento patrimonial ahorita mismo y asegurar el otro 50%”.

En torno a la otra opción el analista se refiere al principio de oportunidad que “es muchísimo más indulgente, si se quiere, con ellos; es una facultad, absolutamente, exclusiva de la Fiscalía y esto quiere decir que si lo considera lo hace, sino no hay forma de obligarla. Es a cambio de interrumpir, renunciar o suspender el proceso. Es la Fiscalía la que puede prescindir directamente de la acción penal, siempre y cuando la colaboración se muestre muy eficaz”.

Por otra parte, Andrés Felipe Díaz comentó sobre el delito de enriquecimiento ilícito indicando que en ese caso le corresponde a la Fiscalía probar, plenamente, que se haya cometido con los elementos pertinentes. “Tiene una naturaleza particular que hace caso que se invierta la cabeza de la prueba. Cambia la dinámica y es la defensa la que tiene que demostrar, en la práctica, que sí se contaban con los recursos para incurrir en gastos”.

Tiene que ser veraz y sustentable

“La jurisprudencia dice que no basta con decir, chismes, palabras, sino que el valor que se le aporta a la justicia y que es lo que se traduce en una menor pena por el trabajo que le está ahorrando tiene que ser veraz, sustentable y no es solo contar, sino demostrarlo”, dijo el experto en el análisis de lo que vendría para Nicolás Petro y su expareja a partir de la audiencia de este jueves.

Por último, Díaz cuestionó el hecho de que la Fiscalía se haya llevado el proceso para Bogotá cuando todo ocurrió en Barranquilla. “Hay que reflexionar sobre la Fiscalía por el traslado del proceso. Le debe una explicación a Colombia, los recursos que se destinan cuando lo puede llevar en barranquilla, cuál es el problema?… es grande para la justicia local? es un desacierto?. No tiene sentido y es lamentable. Es un mensaje de lo que se maneja provincial y es necesario debatir sobre todo la justicia local y formal”.

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