Gobernación asegura que contratos a la Fundación Conciencia Social se ajustan a las leyes

La Gobernación del Atlántico reaccionó a cuestionamientos que publican medios de comunicación a partir de audios en los que Daysuris Vasquez, la exesposa de Nicolás Petro, habla con el director de la Fundación Conciencia Social, Gustavo De La Ossa, y supuestamente se distribuyen recursos de dos contratos que debían ser invertidos en programas sociales de atención a adultos mayores en cuatro municipios.

Los contratos corresponden a los años 2021 y 2022 y suman 800 millones de pesos, pero el 65% se habría quedado en manos de Vásquez, Petro, De la Ossa y un allegado a las dos primeras personas, Pedro Name.

En los audios, Daysuris Vasque menciona a Raúl Lacouture, el secretario general de la Gobernación del Atlántico, como el funcionario al frente del proceso de contratación, incluso se habla de “Elsa”, lo que hace suponer que se refiere a la gobernadora Elsa Noguera.

Ante ello se conoció la reacción de la Gobernación en donde se asegura que “el Departamento del Atlántico celebró dos convenios de asociación con la entidad sin ánimo de lucro Fundación Conciencia Social (Fucoso), en estricta sujeción a la ley, aplicando la normatividad respectiva y en cumplimiento de todos los principios que rigen la contratación administrativa”.

La entidad acreditó su idoneidad

Agrega que “la entidad sin ánimo de lucro acreditó su idoneidad para celebrar el convenio de asociación con varios contratos celebrados con el Distrito de Barranquilla dentro de la política del Adulto Mayor y aportó más del 30 por ciento del valor del mismo”.

Y concluye, de acuerdo con lo publicados en el periódico El Colombiano, en que “ambos convenios se ejecutaron a cabalidad conforme a lo estipulado entre las partes, tal como lo demuestran los informes de ejecución y los informes finales emitidos por el supervisor”.

De esta manera el gobierno departamental se pronuncia sobre este hecho que se convirtió en uno de los hallazgos de la Fiscalía en desarrollo de la investigación contra Nicolás Petro y Day Vásquez, por apropiarse de unos 1000 millones de pesos que tenían como destino la campaña presidencial de Gustavo Petro.