Los contratos de Gobernación del Atlántico con injerencia de Day Vásquez y Nicolás Petro

Dentro de las pruebas que el fiscal Mario Burgos expuso en contra de Nicolás Petro Burgos y su exesposa, Daysuris Vásquez Castro, en la audiencia del pasado 3 de agosto, relacionada con los delitos imputados el de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, llamó la atención la relacionada con unos contratos suscritos entre la Gobernación del Atlántico y la Fundación Conciencia Social.

El representante del ente acusador mostró audios y mensajes de WhatsApp en los que hay detalles, entre otros, de la obtención y finalidad de los contratos, fechas, sus montos y su distribución que despiertan suspicacias por la mediación en la adjudicación que habrían tenido Petro y Vásquez, según diálogos que se dieron entre el 5 de agosto del 2021 y el 15 de julio del 2022.

Los dos contratos a los que se refieren, según conversaciones sostenidas entre Daysuris Vásquez y el representante legal de Conciencia Social, el exconcejal de Barranquilla, Gustavo De la Ossa, fueron suscritos, el primero en el 2021 por $400 millones, y el segundo para el 2022 por $800 millones, ambos para llevar a cabo programas sociales en adultos mayores, en especial en zonas rurales de los municipios de Sabanalarga, Malambo y Soledad.

“Day Vásquez, con ayuda de De la Ossa y en coordinación con Petro (hijo) y un sujeto identificado como Pedro Name organizaban las partidas presupuestales para ejecutar solo el 35% de esos dineros públicos y quedarse con el resto en una repartija de la torta en la que los Petro–Vásquez se quedaban con la tajada más grande”, sostiene una publicación sobre el hecho del periódico El Colombiano.

Manipular la adjudicación

Y en cita que le atribuye a la Fiscalía, esta manifiesta: “Estas personas se habrían concertado para manipular la adjudicación del contrato por parte de la Gobernación del Atlántico y en su fase de ejecución habrían realizado maniobras delictivas para entre estas cuatro personas apropiarse de los recursos adjudicados para la ejecución del proyecto que tiene como objeto la atención a adultos mayores”.

En resumen, las cuentas indican que Petro y su exesposa, en el 2021, se habrían beneficiado a nivel personal con $120 millones, mientras que De la Ossa y Name con $40 millones. De la distribución en el contrato del 2022 no se revelaron cifras, pero hará parte de las investigaciones.

Uno de los contratos para su mamá

También se destaca que “Day pidió que una de las contratadas fuera su mamá, a quien le dio el cargo de asesora con un salario mensual de 6 millones de pesos, también a un primo suyo identificado como Kesey Samir Cuesta Rocha y a un médico al que le pagarían 2 millones de pesos para que en los papeles legales facturara 5 millones de pesos mensuales. Ese doctor solo tenía que ir a trabajar en las mañanas de cuatro días al mes”.

Para despejar dudas, el fiscal Burgos compulsó copias a fin de que una línea investigativa de la Fiscalía General de la Nación establezca si se tipifica o no el delito de celebración indebida de contratos. Además qué papel habrían jugado la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, y el secretario general Raúl Lacouture, este último funcionario manifestó que todo se cumplió de manera legal.

Por su parte, el portal Vorágine, especializado en periodismo investigativo, asegura que la Fundación Conciencia Social es una de las consentidas del Grupo Char y se refiere a la militancia de Lacouture con sus lideres políticos, entre ellos Alejandro Char.

Indica, con base en análisis del Secop, que la entidad ha sido favorecida con contratos desde el 2008, cuando Alejandro Char fue elegido Alcalde de Barranquilla hasta el 2011, pero como el movimiento Cambio Radical ha estado desde entonces, incluyendo la Gobernación del Atlántico, en el poder administrativo y político se llega al 2022 con un monto de8.988 millones.

Entre tanto, Gustavo De la Ossa, le confirmó a Emisora Atlántico, que ambos contratos fueron por $400 millones cada uno, ejecutados en su totalidad beneficiando a 320 adultos, por periodos de 4 meses con capacitación, actividades recreativas y nutricionales. Sin embargo se abstuvo de referirse al tema porque está analizando con abogados allegados la situación.