Con la evaluación de cinco procesos penales, de un total 116, que reposan en estrados judiciales en el país, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, le dio el visto bueno a una solicitud de sometimiento que elevó el excomandante de las Farc, Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’.
El exguerrillero, extraditado a Estados Unidos en 2004 por delitos relacionado con el narcotráfico y secuestro de ciudadanos estadounidenses en Colombia, permanece en Uspflorence Admax un centro carcelario de máxima seguridad en Florence, estado de Colorado.
“La Sala de Amnistía o Indulto de la JEP anunció que avoca el conocimiento de cinco procesos penales en los que se encuentra procesado o acusado Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad en la extinta guerrilla de las Farc-EP. Con esta decisión judicial inicia su recorrido como compareciente de la Jurisdicción”, señala la JEP en un comunicado de prensa.
Explica que, en la resolución, firmada por la magistrada Diana Vega Laguna, integrante de la Sala de Amnistía o Indulto, también se declara la inhibición para estudiar dos casos en los que Palmera Pineda fue absuelto por parte de la justicia ordinaria y que tienen que ver con el secuestro de Consuelo González de Perdomo y el ataque a un vehículo perteneciente a la administración municipal de Gigante, en Huila.
“Así mismo, esta decisión le solicita a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP que recabe información adicional sobre otros 116 procesos penales y analice el estado en el que se encuentran las actuaciones en su contra, y que identifique y ubique a las víctimas de cinco procesos más para continuar con el estudio de la situación actual de Palmera Pineda en la justicia ordinaria”, agrega la entidad.
El proceso que sigue a continuación es hacer la respectiva notificación a las autoridades estadounidenses y al exguerrillero, lo cual se hará a través de la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
“El ahora compareciente ante la JEP está siendo procesado en Colombia por terrorismo, homicidio, desplazamiento y desaparición forzada; narcotráfico, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos; destrucción y apropiación de bienes protegidos; apoderamiento de aeronaves, naves o medios de transporte colectivo, secuestro extorsivo y rebelión, entre otros hechos delictivos cometidos durante el conflicto armado”, concluye la JEP.
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