- Por SANTOS SUÁREZ BADILLO
Las dificultades económicas que presenta Air-e, y que también afectan al resto de comercializadoras de energía en el país, le estaría abriendo las puertas a la Superservicios para intervenir esta empresa.
Teniendo en cuenta el antecedente de Electricaribe, se estarían configurando las causales para una medida de tal magnitud, por cuanto están de por medio los temas de finanzas y la posibilidad de un apagón.
Cuando Electricaribe fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, registraba retrasos en los pagos de la energía que compraba para luego vendérsela a los usuarios, aunque pagaba. Había la percepción que por sus dificultades económicas, iba a dejar de cancelar y ello provocaría racionamientos de energía.
Hoy estaría ocurriendo algo similar, dado que Air-e también comenzó a tener retrasos en los pagos y el administrador del mercado mayorista de energía, al igual que a las otras empresas comercializadoras en la misma situación, le ha dado un pazo para ponerse al día.
Ese plazo es el 18 de octubre y si no paga, comenzará la limitación de suministro del servicio en los departamentos donde opera, es decir, Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Causas de los problemas financieros
Los problemas estructurales de pobreza y miseria en la región Caribe, traen consigo que cientos de miles o millones de usuarios no tengan para pagar puntualmente el servicio de energía, y en muchos casos no pagan y la cartera morosa crece.
Eso, que le ocurrió a Electricaribe, también le sucede a Air-e y por ello hoy está tratando de recuperar una cartera mala de 1 billón de pesos.
A lo anterior se le suma el robo de energía que está disparado en todos los estratos. También, en muchos casos este hecho se da justamente por las altísimas tarifas que cobra la empresa Air-e.
El otro factor es que a la empresa, tal como ocurre con todas las comercializadoras y distribuidoras, le deben una abultada cantidad de dinero por concepto de subsidios, por la aplicación del Pacto de Justicia Tarifaria para beneficiar al usuario final y la aplicación de la llamada Opción Tarifaria, que consistió en diferir los pagos de las facturas a 36 meses para estratos 1 y 2, y a 24 meses para el 3 y 4, durante la pandemia.
Lo que dice la Superservicios
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó las dificultades de las empresas comercializadoras de energía, indicando que el Gobierno Nacional avanza en la búsqueda de opciones para colaborar con las comercializadoras, de tal manera que puedan resolver el problema de flujo de caja.
Sobre el problema puntual de la inminente limitación de suministro por el retraso en los pagos, la Superservicios asegura que la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, trabaja en la búsqueda de salidas para que ese hecho no se dé.
En ese orden, la idea es garantizar normativamente el acceso de las comercializadoras a la compra de energía, con lo cual se despeja el panorama para que no haya racionamientos.
Dos fueron las razones para que en 2017 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios interviniera a Electricaribe: el riesgo de un apagón en la Costa Caribe y la imposibilidad de la empresa de pagar sus deudas. Hoy se está hablando de la posibilidad de un apagón en la región y también de serios problemas económicos de la compañía Air-e.
Noticia relacionada: https://elnorte.com.co/index.php/2023/09/21/deuda-con-comercializadoras-y-debilidad-de-la-creg-nubarrones-del-sector-electrico/
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