Editorial: Entes territoriales deben aportar a solución de tarifas de energía

• Por SANTOS SUÁREZ BADILLO
• Director de EL NORTE

Sin Duda que hoy el problema que más está afectando a los habitantes de la región Caribe es el de las elevadas tarifas de energía, que vienen impactando tanto a usuarios residenciales como a los industriales y comerciantes.

El hecho que en los departamentos de la Costa se estén cobrando las tarifas más caras del país, se constituye en un golpe brutal al bolsillo de millones de personas, que en un alto porcentaje e históricamente, han vivido y viven en condiciones de pobreza.

Los valores que se pagan por este servicio esencial en el Caribe colombiano están contribuyendo a incrementar esos niveles de precariedad y por ende a desmejorar calidad de vida. Una persona con ingresos menores se tiene que sacrificar en comida, vestuario y educación para poder cancelar el recibo de la luz.

La solución que plantean los gremios, en el sentido que el gobierno se meta la mano al bolsillo para invertir en infraestructura eléctrica, de tal manera que ese componente no se le cargue al usuario y con ello bajen las tarifas de energía, la compartimos.

Sin embargo, vale la pena preguntarse si no es hora que se vaya pensando también en que los entes territoriales aporten a lo que pudiera llamarse una bolsa común del Estado para contribuir a disminuir las tarifas.

Porque el impacto es claramente social y en ese orden de ideas deberían estar involucrados todos los niveles del gobierno en una tarea que resulta crucial, en momentos en que este problema crece y se constituye en una bomba de tiempo que puede estallar en cualquier momento.

Lo que estamos planteando es que se creen las condiciones que permitan que las alcaldías de ciudades capitales y las gobernaciones de la Costa Caribe, también se metan la mano al bolsillo y conformen con el nivel central del gobierno un fondo eléctrico para hacer las inversiones señaladas.

Hoy el grueso de los costeños lo que más pide a gritos es que Air-e y Afinia dejen de asfixiarlos con sus tarifas. En eso, como tema prioritario, deberían estar pensando los actuales y futuros mandatarios locales.

La idea es que el Gobierno Nacional aporte la mayor parte de los tres o más billones de pesos que se necesitan para mejorar la infraestructura eléctrica regional, pero que los entes territoriales también aporten, pensando en el impacto social positivo que ello generaría.