Como un importante paso en la búsqueda de soluciones al actual problema tarifario en el servicio de energía, calificó la admisión de la demanda que interpuso ante el Consejo de Estado, el candidato a la Alcaldía de Barranquilla, Antonio Bohórquez Collazos.
En concreto, de acuerdo con su explicación, el objetivo es que sea declarada inconstitucional la parte del decreto que establece que las empresas comercializadoras trasladen al usuario el monto de las pérdidas técnicas y no técnicas que es lo que dispara las tarifas.
“Es golpear la formula tarifaria, pero también incluye un plan de reducción de pérdidas y también el pagar anticipadamente, una eventual falla en el servicio. Todos esos factores son los que encarecen las tarifas”, anotó el candidato Toño Bohórquez.
Agregó que “si yo logro que el Consejo de Estado declare que, definitivamente, es inconstitucional el permitir ese cobro de las pérdidas a los usuarios, se acaba el problema porque ya no habrá, sino un claro control de las mismas”.
Consecuencias del riesgo al cliente
Bohórquez manifestó que no hay una norma en el país que establezca que los riesgos que se presentan en un negocio les sean trasladados al consumidor o usuario, sino que estos los asume la empresa o el empresario.
“Si usted produce y vende zapatos, te puede ir bien y hacer mucha plata, pero si te va mal, no puedes pasarle las consecuencias del riesgo corrido al cliente”, ilustró el candidato dando a entender que, en el negocio de las empresas de energía en el país, como Air-e y Afinia en la Costa Caribe, no asumen ningún riesgo porque se lo trasladan al usuario de sus servicios, pero las utilidades del negocio si van todas hacia ellas.
Sobre cuánto puede durar el Consejo de Estado en dar un fallo sobre la demanda, Bohórquez expresó que aspira a que se aplique la metodología que rige en la Corte Constitucional, que no puede pasar más allá de 8 meses. “En este caso estamos pidiendo que apliquen el mismo procedimiento”, dijo.
Por último, destacó que el análisis jurídico a la normatividad que rige las tarifas de la energía en el sistema energético nacional demandó de 8 meses hasta concluir que sí existen elementos contundentes que demuestran su inconstitucionalidad.
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