La reciente chiva periodística de la revista Semana, relacionada con la revelación de los audios de Nicolás Petro luego de ser interrogado por el fiscal Mario Burgos, hizo que la Comisión de Disciplina le abriera una investigación para evaluar la actuación del agente de la Fiscalía General de la Nación en el proceso.
El fiscal Burgos es el designado para el caso de Nicolás Petro y de Daysuris Vásquez, exesposa del hijo del presidente de la República, Gustavo Petro, para establecer si hubo dineros de manera ilegal e irregular, al igual que los montos superados de topes en la financiación de la campaña presidencial del 2022.
Sin embargo, se ha venido presentando el hecho, de manera reiterada, que el primer medio de comunicaciones que sale con la primicia con las respuestas a los interrogatorios formulados a Petro y a Vásquez, por parte de Burgos, es la revista Semana, lo que ha despertado suspicacias y hasta malestar en otras empresas periodísticas.
Hoy, 6 de octubre, la W Radio informa que la máxima autoridad del sistema disciplinario de la Rama Judicial y los abogados en el país, creada por el Acto Legislativo 2 de 2015, como es la Comisión de Disciplina Judicial tiene bajo la lupa al fiscal Mario Burgos.
En la actualidad dicha comisión es presidida por Magda Victoria Acosta Walteros, en la vicepresidencia está Alfonso Cajiao Cabrera, y como secretario judicial Antonio Emiliano Rivera Bravo.
La decisión se habría tomado luego de las preguntas hechas a la Fiscalía General de la Nación, cuyo titular, Francisco Barbosa, ha guardado silencio, en torno a “quién pudo filtrar este interrogatorio en donde Nicolás Petro expuso que su padre Gustavo Petro, presuntamente sí sabía de la entrada de dinero irregular a la campaña presidencial”.
En este último interrogatorio Nicolás, quien había acordado aportar material en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía, salpicó los empresarios costeños Euclides Torres y Christian Daes, de haber aportado gruesas sumas de dinero para la campaña de su padre; mientras que los congresistas Pedro Flórez y Agmeth Escaf, conocía de este tipo de movimientos, al igual que la primere dama Verónica Alcocer.
Ante las afirmaciones, el fiscal general Francisco Barbosa ordenó compulsar copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el juez constitucional de los aforados, que incluye al Presidente de la República, a la Corte Suprema de Justicia, y al Consejo Nacional Electoral para las respectivas investigaciones.
El hecho generó debate jurídico sobre el abuso de competencias en el que estaría incurriendo la Fiscalía de actuar en contra del Presidente de la República.
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