En una carta dirigida al presidente de la República, Gustavo Petro, 14 exministros de Energía le piden atender de forma rápida la situación que enfrentan 17 comercializadores de energía, que atraviesan crisis financieras que podrían desencadenar en un apagón.
Al hacer una radiografía de la situación del sector eléctrico, los exfuncionarios urgen al presidente ‘actuar ya’, enfatizándole que “está en sus manos evitarle al país un costo innecesario riesgo de apagón”.
La misiva la firman los exministros Amylkar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Meza, Federico Rengifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia.
El texto de la carta de los exministros es el siguiente:
Nos dirigimos a usted en medio de la grave crisis que amenaza al sector eléctrico de nuestro país. Como bien lo advirtió el operador de mercado XM en su último análisis de riesgo financiero del mercado de energía, 17 comercializadores que atienden casi el 40% de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827,000 millones.
Una crisis de esta naturaleza, que amenaza la viabilidad del sistema eléctrico actual, tiene su origen en las enormes dificultades para que los nuevos proyectos de generación y transmisión entren en operación a tiempo y permitan reducir los niveles de exposición de la demanda y asegurar la confiabilidad en el suministro; así como en medidas que han afectado de manera grave la liquidez de las empresas como la imposición reciente de barreras para recuperar los más de $5 billones de diferimiento de la tarifa (opción tarifaria) que se dio como alivio en momentos de la pandemia.
A esta situación hay que sumarle las presiones al alza de los precios de la energía que ya se observan con la llegada del fenómeno de El Niño, la incertidumbre sobre el suministro de gas para atender la demanda de corto y mediano plazo, y la precariedad en la que se tiene sumidas a instituciones fundamentales para enfrentar coyunturas complejas como esta. Es el caso de la Creg en la que por muchos meses se han tenido comisionados encargados -y subordinados al gobierno- en clara violación de los principios de independencia con la que fue diseñada.
Desde hace meses empresas, gremios, exfuncionarios y analistas vienen alertando al gobierno sobre la inminencia de esta crisis y proponiendo soluciones para conjurarla. Infortunadamente estas advertencias se han desatendido y se ha permitido el deterioro hasta el punto de alcanzar los niveles de amenaza sistémica que enfrentamos hoy. ¿Está preparado el gobierno -en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos y del Ministerio de Hacienda- para asumir la intervención de un número significativo de empresas sin afectar la calidad del servicio y sin que se ocasionen los elevados costos fiscales que traen intervenciones de este tipo?
No olvidemos que la necesaria intervención de la extinta Electricaribe, que llevó a la toma de posesión por parte de la Superintendencia entre noviembre 2016 y octubre 2019, ocasionó una caída en el recaudo, un aumento en los niveles de pérdidas y costos fiscales que según lo manifestado por el gobierno se acercaron a los 11 billones de pesos.
Estamos plenamente convencidos de que no obstante lo anterior, no es inevitable la implosión financiera del sector. Pero lograrlo se requiere reconocer que la ventana de oportunidad para actuar se está cerrando y que el único camino que queda hoy es el de la financiación por parte del gobierno -como la que como la que se ha prometido a través de Findeter y no sea materializado- de la totalidad de los saldos de la opción tarifaria vigentes. Esta deberá ser pagada por los agentes una vez las condiciones de normalidad retornen al sector.
Otras medidas necesarias son la definición de incentivos de precios para buscar las eficiencias en el consumo vía programas de respuesta a la demanda, incentivos reales y de precios para vincular a la demanda en la entrega de excedentes de energía de autogeneración, y en esta coyuntura mantener y asegurar la provisión de combustibles para la generación térmica y por supuesto el nombramiento en propiedad de comisionados de la Creg con la debida solidez técnica.
Los aquí firmantes le escribimos desde la experiencia de haber tenido que enfrentar crisis similares en el pasado, pero también desde la convicción de que quienes más se afectan si no se toman las medidas a tiempo son los usuarios- Hay que actuar ya señor presidente. Está en sus manos evitarle al país un costoso e innecesario riesgo de apagón.
Reacción del presidente
En su cuenta X, el presidente Gustavo Petro reaccionó a la carta enviada por los exministros, precisando que “los cinco billones de alivio que se dio en la pandemia en tarifas de energía a los usuarios nunca debieron haberse dado a título de deuda. Esa deuda hoy es asumida por las comercializadoras y no por las generadoras.
Añadió: ¿Nuestros exministros piden que los usuarios paguen esa deuda como ha tocado hacer también con la deuda del fondo de combustibles?
“Propongo prestarle recursos a las comercializadoras con recursos del Findeter que ya están dispuestos, pero el espacio financiero para pagar la deuda que nos dejó Duque debe salir de un menor valor de las tarifas de las generadoras que permita a las comercializadoras pagar su deuda y que beneficie también a los usuarios”, indicó el presidente Petro.
Más historias
Minenergía se la juega para destrabar proyectos eólicos
Acuerdo para explorar 25 gigavatios de nuevas energías en la región Caribe
Gobierno incumple acuerdo de pagos de subsidios de energía y gas, deuda supera $2.8 billones: Gremios energéticos