Con la premisa que el gobierno tiene que garantizar los equilibrios en la cadena energética del país, el Ministerio de Minas y Energía prepara los argumentos que expondrá en la discusión que se avecina en el Congreso de la República a propósito de la modificación de la Ley de Servicios Públicos y la Eléctrica.
La esencia de lo que quiere el ejecutivo apunta a que los usuarios tengan más participación, y que puedan tener voz en todas las discusiones que se den en el sector.
El jefe de esa cartera, Andrés Camacho, sostiene que el gobierno tiene que garantizar los equilibrios “y tenemos que expedir las normas para que eso se cumpla”.
El funcionario le dijo al periodista Yamid Amat que se avanza en la construcción de opciones estructurales. “Empieza el debate de la Ley 142 del año 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios. Esperamos que ese diálogo que comienza se convierta en un acuerdo nacional”, manifestó.
Según el ministro, se necesita ahora una ley que recoja los aprendizajes de los 30 años de su funcionamiento, y que la idea es fortalecer lo positivo y modernizar lo que se requiera, teniendo a los usuarios como un actor fundamental.
“Primero, que los usuarios tengan más participación, y que puedan tener voz en todas estas discusiones…participación en toda la cadena de valor, que puedan opinar, que tengan injerencia, proteger a los usuarios. Hay una discusión de si los usuarios podrían participar en la CREG, nosotros creemos que podrían, sí, y opinar. Con voz, voto, en fin”, señaló.
Superservicios con dientes
Una de las iniciativas que plantea el ministro de Minas y Energía en la reforma a la Ley de Servicios Público y la Eléctrica, es fortalecer la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. “Debe tener dientes para controlar”, anotó Andrés Camacho.
A su juicio La Superservicios necesita recursos, modernizarse, de tal forma que cuente con herramientas para monitorear el mercado, “cómo logramos que en el mercado de la energía se garantice la competencia”.
Sostiene que la competencia debe fortalecerse para que no existan agentes prominentes que desequilibren el mercado, “debemos mejorar la competencia en favor de los usuarios para que tengan mejores tarifas y mejor calidad del servicio”.
También considera que esta reforma debe contemplar la posibilidad que el gobierno intervenga no solamente cuando se trata de auxiliar financieramente a las empresas.
“Hoy el Estado interviene; cuando las empresas están en crisis nos piden que les demos dinero. El Estado interviene con subsidios. Ahora debemos pensar cómo se hace una intervención no solo para financiar las empresas privadas, sino para cuidar a los usuarios”, expresó.
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