Exministros y académicos plantean cuatro ajustes a la reforma pensional

Un grupo de exministros y académicos mostraron su posición con respecto a la reforma pensional presentada por el Gobierno, destacando unas líneas positivas, pero subrayando en que se requieren hace ajustes para “garantizar su sostenibilidad y la equidad con futuras generaciones”.

El grupo de exministros y académicos resaltan la responsabilidad y disposición del Gobierno nacional de presentar a consideración del Congreso de la República una reforma muy necesaria del sistema de protección en la vejez de Colombia.

Señalan como elementos muy positivos de la reforma el aumento de la cobertura a casi la totalidad de la población en edad de pensión, la eliminación de los tratamientos inequitativos entre personas con las mismas condiciones y la reducción sustancial de los subsidios en el régimen de prima media.

Precisan que es especialmente destacable la creación de un pilar solidario que entregaría un ingreso equivalente a una línea de pobreza extrema, aproximadamente $224.000 pesos mensuales, a todos los adultos mayores que no cumplan los requisitos para una pensión. Este pilar elimina la pobreza extrema en los adultos mayores.

“Sin embargo, consideramos que la propuesta aprobada en primer debate debe ser ajustada en ciertos elementos, con el fin de garantizar su sostenibilidad y la equidad con futuras generaciones”, aseguran.

Los siguientes son los cuatro ajustes planteados por los expertos en el documento:

En primer lugar, el umbral del pilar de prima media debe reducirse de 3 salarios mínimos. La opinión de los abajo firmantes sobre el nivel que debe tener este umbral varía desde 1 salario mínimo hasta 2 salarios mínimos. El envejecimiento acelerado de la población colombiana hace cada vez más difícil la sostenibilidad de los sistemas de prima media o de reparto, que financian la mesada de los actuales pensionados con las cotizaciones de los jóvenes. Con la rápida transición demográfica, los jóvenes cada vez van a ser una proporción menor frente a la población en edad de retiro. Además, la reducción del umbral disminuye aún más los subsidios públicos a personas de ingresos medios y altos, aumentando la progresividad de la reforma.

En segundo lugar, el esquema diferencial para mujeres debe incorporar una reducción de 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta por tres hijos, como se había propuesto en la versión inicial del proyecto de ley. La reducción en la propuesta actual, de 300 semanas, implicaría que una mujer debe cotizar solo 19 años para disfrutar una pensión por 29 años, lo que dificultaría la sostenibilidad del esquema.

Régimen de transición debe mantenerse en 1.000 semanas, otro de los ajustes

En tercer lugar, el régimen de transición debe mantenerse en 1.000 semanas, como también lo propuso inicialmente el Gobierno, y debe incorporar un requisito mínimo de edad, de 10 años menos que la edad de pensión. Cuanto más generoso sea el régimen de transición, más tiempo tardarán en darse los efectos positivos de esta reforma, especialmente en la eliminación de los cuantiosos subsidios públicos a las personas de ingresos altos. Hoy, el 20% de más altos ingresos recibe el 54% de los subsidios, una injusticia que hay que corregir a la mayor brevedad.

En cuarto lugar, es fundamental fortalecer la gobernanza del fondo de ahorro planteado en la reforma. Esto requiere de un diseño institucional de primer nivel, con la experticia e independencia necesaria para diseñar los criterios de administración del fondo, que debería estar en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A su turno, el Ministerio debería licitar la administración de los recursos del fondo a través de un mecanismo competitivo, abierto a entidades financieras públicas y privadas.

“Con estos cuatro ajustes, y aunque aún quedarían temas pendientes como las modificaciones de los parámetros del componente de prima media, estamos convencidos de que la reforma pensional que ha propuesto el Gobierno nacional avanzará en resolver los graves problemas de baja cobertura, inequidad y regresividad que han aquejado por décadas a nuestro sistema de protección a la vejez. Agradecemos al Gobierno nacional y al Congreso de la República su constante apertura al diálogo”, indican.

Los firmantes de este documento son: Armando Montenegro (exdirector del DNP), Catalina Crane (exviceministra de Hacienda), Cecilia López (exdirectora del DNP) ,Eduardo Lora (exdirector de Fedesarrollo), Luis Fernando Alarcón (exministro de Hacienda) Luis Fernando Mejía (exdirector del DNP), José Antonio Ocampo (exministro de Hacienda), Juan Camilo Restrepo (exministro de Hacienda), Juan Carlos Echeverry (exministro de Hacienda), Juan Pablo Córdoba (exdirector de Crédito Público), Juan Pablo Zárate (exviceministro de Hacienda), Marcela Eslava (académica), María Mercedes Cuéllar (exdirectora del DNP), Mauricio Cárdenas (exministro de Hacienda), Mauricio Olivera (exviceministro de Trabajo), Oliver Pardo (académico), Rudolf Hommes (exministro de Hacienda) yXimena Cadena (exviceministra de Hacienda).