Las elecciones regionales que se cumplirán este domingo, 29 de octubre, se convirtieron en otro motivo para revivir rencillas entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
Petro dijo, hace varios días, que había ordenado el pago de recompensas para capturar a ‘mochileros’, o compradores de votos, previa comprobación de la denuncia, como forma de contrarrestar este delito contemplando en el Código Penal, articulo 390, que establece penas de prisión entre los 4 y 8 años.
A través de los ministerios del Interior y de Defensa, se trazó la estrategia que contempla pagos que van desde un millón hasta 20 millones de pesos, dependiendo de la valoración de la información recibida y el resultado, según explicaciones de los titulares de esas carteras ministeriales, Luis Fernando Velasco e Iván Velásquez, respectivamente.
El malestar en el fiscal Barbosa estriba en que, prácticamente, fue ignorada la función de la Fiscalía General por parte del Gobierno Petro, pues la orden impartida fue directa a la Policía Judicial. El
funcionario calificó de “gran idea”, el pago de recompensa, pero en tono irónico.
“La denuncia es un deber ciudadano. Si ofrecen plata por eso entonces también vamos a tener que ofrecer plata por las denuncias de violencia intrafamiliar, por secuestro, por homicidio”, manifestó
el funcionario acompañado de su equipo de trabajo al tiempo que dio a conocer el plan dispuesto para estar atentos al desarrollo de las elecciones el domingo.
Agregó que “se van a pagar esos recursos, pero después de la investigación se llega a la conclusión de que no había ningún delito, entonces tocará abrir investigaciones por peculado a funcionarios y seguro llegarán demandas al Estado”.
En respuesta, el presidente Petro ratificó, a través de su cuenta X, que el pago va: “Yo mismo, entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta. Los y las espero”.
También indicó que “las recompensas para aquellos que nos ayuden a ubicar dineros para compra de votos y personas dedicadas a ese delito se mantienen. Todo el sistema de pagos por información priorizará las denuncias de compra de votos hasta el domingo. Se han desplegado todos los agentes de inteligencia para impedir el delito que es la base de la corrupción en Colombia. La compra de votos es un delito, sus autores serán investigados por la justicia”.
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