El excandidato presidencial por el Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, y su hijo David Zuluaga, quien fue el gerente de la campaña, van a juicio en el que tendrán que responder por delitos imputados en su contra en el marco de las investigaciones relacionadas con la multinacional brasilera Odebrecht.
Los delitos, de acuerdo con la revelación hecha por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, son falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Los Zuluaga, padre e hijo, recibieron aportes de la multinacional para financiar la campaña presidencial, en el 2014, y según las investigaciones no fueron reportados a la contabilidad y buena parte fueron usados en beneficio personal.
“El ente investigador logró establecer que, en 2014, el excandidato se reunió varias veces, en el norte de Bogotá, con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, para pactar una financiación por parte de la multinacional extranjera, lo cual que es prohibido por la ley colombiana”, dice el registro de prensa.
Agrega que “todos estos aportes habrían sido presuntamente omitidos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Las reuniones, según la Fiscalía, tenían como objetivo pagar los servicios del publicista y asesor político Duda Mendoza por USD$1,6 millones”.
Dos audios comprometedores
Ambos han negado los hechos, pese a que la Fiscalía se los demostró con las respectivas pruebas, entre ellas dos comprometedores audios, en la audiencia de imputación de cargos el 10 de julio pasado.
“A su hijo David también se le imputarían cargos, porque, al igual que su padre, estaba al tanto de las irregularidades, ya que era el gerente de campaña. Entre abril y julio de 2014, la campaña de Iván Zuluaga firmó por lo menos seis millonarios contratos que no fueron reportados ante el CNE y que fueron pagados por la oficina de sobornos de Odebrecht”, señala el informe del periódico El Espectador.
Destaca la publicación que “el fiscal del caso hizo un llamado de atención a Zuluaga (padre) debido a su extensa trayectoria política como alcalde de Pensilvania (Caldas), concejal de ese departamento, también como ministro de Hacienda (en el Gobierno de Alvaro Uribe 2007-2010) y senador de Colombia. Para el ente investigador, es reprochable que a pesar de los cargos públicos y la confianza que por años se depositó en él, aceptó los aportes a su campaña, sabiendo que estos serían favores que se cobrarían a futuro”.
El proceso cursa en el Juzgado 69 de Control de Garantías, pero deberá definirse a que despacho le corresponderá por reparto para que este siga. El fiscal Barbosa, por su parte, considera que la próxima semana radicará lo relacionado el juicio ante el juez competente.
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