Argumentando que hay otros mecanismos ya concebidos para entrar a conjurar la crisis humanitaria que padece la península de La Guajira, la Corte Constitucional dejó sin sustento legal el Decreto que con el Gobierno Petro buscaba reformas relacionadas con la salud en el territorio.
Con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, la Corte exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ordinarias, adopten las medidas necesarias para superar la grave crisis humanitaria estructural que existe en el departamento de La Guajira.
Recomienda en consecuencia echar mano de la Sentencia T-302 de 2017, pues “con ello, se garantiza la efectividad de los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa zona del país. Así mismo, para que fortalezcan las instituciones previstas en el ordenamiento jurídico con competencias en materia de cambio climático y le asignen los recursos que las circunstancias demanden”.
El Gobierno Petro tenía entre sus planes responder a requerimientos de los guajiros y por ello emitió 13 decretos que conformaban la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica en la península, pero todos fueron tumbados por la misma Corte.
No obstante, este procedimiento debía irse evaluando decreto por decreto, pues hay fallos diferidos, como el que se refiere al tema del agua que tendrá vigencia hasta el 2 de julio del 2024.
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