La Fiscalía General de la Nación reasignó la investigación que busca esclarecer la desaparición de 10 lingotes de oro y 69 relojes de colección que estaban bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, desde el 2022 tras haber sido incautados, en el 2019, al exnarcotraficante, Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’.
El caso estaba siendo llevado a cabo por la Fiscalía 97 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá, adscrita a la Unidad de Fiscalías Delgada ante el Tribunal Superior de la Dirección Seccional de Bogotá, pero se resolvió asignar de manera directa a Pedro Iván Bonilla Arcos, fiscal 103 delegado ante el mismo tribunal, tras detectarse irregularidades.
La colección de relojes está estimada en 1.300 millones de pesos.
“Desde hace un par de semanas, hemos contado y documentado la existencia de una presunta red de corrupción que estaría conformada por fiscales y policías de la DIJIN en Bogotá, y que estarían implicados en falsos positivos judiciales, que incluyen alteración de pruebas”, señala el informe de Caracol Radio que reveló la decisión interna de la Fiscalía.
Dentro de las consideraciones de la Resolución la 0571 del 27 de octubre, se asegura que “algunos informes rendidos dentro de la noticia criminal y que fueron presuntamente presentados por la servidora analista de interceptaciones de la Ponal, Mónica Alejandra Vanegas Baquero, no los rindió ella, es decir, su firma fue falsificada al parecer por el mismo funcionario de la Dijin”.
En ese sentido se revelan las identidades de los intendentes Luis Alejandro Millán Cano y Alfreth Libarguer Correa Correa, así como la del patrullero Francisco Javier Morales Molina, y también se señala al capitán Luis Eduardo Corrales Figueroa. Además, hay fiscales como María del Rosario Reina Serrato y María Teresa Suárez Ochoa, y miembros de la SEA, María del Pilar Toro y Juan Carlos Vargas, bajo investigación.
“Tal y como lo ha revelado Caracol Radio en seis reportajes anteriores, la Fiscalía ratifica que hay funcionarios judiciales involucrados. Lo novedoso de la resolución, revela que son más de 10 los cuestionados y se conocen los nombres de los policías y fiscales involucrados, además, mencionan a una juez de la República y funcionarios de la SAE”, se destaca en la información.
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