Colpensiones invita a los trabajadores de las empresas mineras a continuar con las mesas de diálogo concertadas y al grupo de ciudadanos vinculados a sindicatos del sector minero que realizan las protestas en los puntos de atención de la entidad en Riohacha, Santa Marta, Valledupar y Barranquilla, a abandonar las acciones de hecho que impiden llegar a soluciones.
Dice la entidad que lo anterior, afecta a los ciudadanos que utilizan los servicios de Colpensiones en el país.
La protesta es de pensionados de las empresas mineras Drummond, Prodeco y Cerrejón, que realizaron ayer martes 12 de diciembre, la séptima toma simultánea de las sedes de Colpensiones en las mencionadas ciudades. Argumentan que hacen la defensa de sus pensiones, construidas a lo largo de 40 años de arduo trabajo en condiciones adversas.
Aseguran que durante la administración de Iván Duque se llevó a cabo un presunto “falso positivo” en colaboración con una empresa contratista, lo que originó condiciones de fraude para quitar arbitrariamente las pensiones de los trabajadores.
Ellos afirman que no ha existido ningún fraude en la construcción de sus pensiones.
Frente a un caso adelantado por la Fiscalía General de la Nación, Colpensiones investigó a estos trabajadores con relación a los hechos de fraude y corrupción en la emisión de dictámenes de pérdida de capacidad laboral, con los que obtuvieron la pensión de invalidez.
Además, instauró una comisión especial para la revisión técnica y jurídica de la problemática indicada por los representantes de los trabajadores del sector minero, en aras de que como población de protección especial, en compañía de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público se adelantaran las acciones necesarias para garantizar sus derechos.
El avance
Indica Colpensiones que, en virtud de las mesas de trabajo, a la fecha, de los 403 ciudadanos que tenían una prestación revocada por hechos de fraude, 237 cuentan con una prestación activa, lo que les permite garantizar su mínimo vital y su acceso al sistema de salud.
De los 166 ciudadanos restantes, se han recibido 83 solicitudes de revisión, en las cuales se han encontrado hechos sobrevinientes que fueron valorados por parte de los médicos laborales de Colpensiones, en aras de determinar técnicamente, si el ciudadano reunía las condiciones para tener un estado de invalidez.
Actualmente, se define la línea jurídica que atenderá de fondo la solicitud de revisión de estos 83 ciudadanos, la cual permitirá la activación de una prestación, en los casos que así lo determine la investigación y lo permita la ley.
“Colpensiones reitera su voluntad de diálogo y de seguir avanzando en la búsqueda de soluciones concertadas que respeten los derechos de los ciudadanos, reconociendo aquellas prestaciones a las cuales tengan derecho nuestros afiliados; pero, investigando aquellas que con fundamento en la ley tengan elementos que permitan establecer un posible hecho de fraude y corrupción”, puntualiza la entidad.
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