Petro se la juega para capturar a grandes capos del narcotráfico

La Policía Nacional, al igual que el resto de las instituciones que hacen parte de la Fuerza Pública, deben enfocar sus actividades en la captura de los grandes capos del narcotráfico y no estar persiguiendo al jíbaro, es decir, al menor eslabón de la ilegal cadena, según el presidente Gustavo Petro.

El Mandatario, después de haber derogado el Decreto que daba facultades a la Policía para capturar en espacios públicos a personas con dosis mínima de droga, pese a estar permitido su porte bajo el amparo de la ley y acogiendo una sentencia de la Corte Constitucional, que la oposición se niega aceptar, insiste en darle un vuelco a la lucha.

“Si la Constitución permite la dosis personal, la actividad de la Policía no se debe centrar en perseguir consumidores de estupefacientes, sino en perseguir los grandes capos de la droga y en perseguir los delitos que afectan la ciudadanía”, reitera Petro cuando se refiere al tema.

Precisamente en concordancia con esa línea de acción, el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó una redefinición de los recursos que les son asignados a los organismos de seguridad del Estado para fortalecer los operativos contra el narcotráfico.

Los componentes

Con excepción de la Procuraduría General de la Nación, la decisión recibió aprobación de la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Policía Nacional y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

Es así como en el 2024, “el 69% de $215.335 millones provenientes de bienes incautados al narcotráfico se destinarán al componente ‘oxígeno’ de la Política Nacional de Droga, dirigido a comunidades rurales afectadas por el conflicto, el restante 31% irá al componente ‘asfixia’, que se enfoca en la persecución de los capos del negocio ilícito”.

La distribución quedó así. $85.640 millones al Ministerio de Agricultura; $44.350 millones al de Defensa; $30.393 millones al de Justicia; $24.391 millones al de Salud; $22.847 millones a la Policía Nacional; y $7.734 millones al Ministerio del Interior.