marzo 4, 2024

Verano defiende a su secretario de educación, investigado por corrupción y quien tuvo la casa por cárcel

Un nombramiento hecho en su gabinete por parte del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, lo ha puesto en la palestra de los cuestionamientos, sobre todo a nivel nacional. La situación se relaciona con el secretario de Educación Departamental, Dagoberto Barraza Sanjuán, de Cambio Radical.

Este funcionario, quien ya había ocupado ese mismo cargo en la segunda administración de Verano, periodo 2016 – 2019, es investigado por graves actos de corrupción en el manejo de los alimentos para los niños de las escuelas oficiales de los municipios del Atlántico.

Dagoberto Barraza estuvo hasta cobijado con detención domiciliaria a raíz de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, organismo que encontró supuestas irregularidades en el manejo de los recursos destinados al Plan de Alimentación Escolar, PAE, cuyo monto fue estimado en 3.000 millones de pesos.

La Fiscalía, en ese entonces le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales, abuso de función pública y peculado por apropiación en favor de terceros.

El ente acusador consideró que Barraza “faltó a la verdad al no vigilar la experiencia de los contratados para prestar el servicio de alimentación en 20 municipios del Departamento”.

Le dictaron casa por cárcel

Con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, por dictamen de un juez, el funcionario quedó cobijado con medida de aseguramiento en su lugar de residencia para evitar que saliera del país; pero “el 15 de enero de 2021 fue dejado en libertad porque un juez de control de garantías determinó que los pagos correspondientes al PAE fueron ordenados por la interventoría que había sido contratada por del departamento, por lo que una medida privativa de la libertad no era necesaria”.

Por el mismo caso del PAE la Procuraduría General de la Nación en el 2020 le abrió un proceso disciplinario por la vulneración de los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad que rigen la contratación estatal, puesto que el funcionario habría manipulado la escogencia del proveedor de los alimentos, sin tener en cuenta requisitos, sobre todo de calidad y salubridad contemplados en las normas legales.

Hasta el momento, lo que se conoce es que los procesos continúan, y ante el cuestionamiento al funcionario, el gobernador Verano ha sostenido que tiene su respaldo, basado en el derecho de la presunción de inocencia.

“Nosotros nos basamos en la presunción de inocencia hasta que la persona sea condenada. En este momento no tiene ninguna condena”, señala el Mandatario.

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