El Gobierno Nacional tiene listo el borrador del proyecto de ley que busca modificar la actual normatividad legal que rige los servicios públicos en el país.
Se plantea una disposición que desde ya genera polémica, y tiene que ver con las facultades que tendría el presidente de la República en materia de regulación.
De manera específica se propone en este proyecto que “la regulación de los servicios públicos está a cargo del presidente de la República, quien puede ejercer esta función directamente”.
Esto había sido planteado antes e incluso establecido en un decreto sustentado en la Ley 142 de Servicios Públicos Domiciliarios que está vigente hoy, pero fue suspendido por parte del Consejo de Estado.
Otra de las propuestas de la reforma, tiene que ver con la creación de un nuevo régimen tarifario. La esencia sería prohibir que la tarifa sea elemento clave para la celebración de contratos con empresas privadas, al tiempo que permitiría a los municipios asumir el valor de la reducción de tarifas a los servicios públicos con cargo a su presupuesto.
El resumen de las otras disposiciones
Las otras disposiciones de este borrador de la reforma apunta a la creación de un mínimo vital para acueducto, energía eléctrica y gas natural.
Instauración de tarifas de acuerdo con la capacidad de pago de los usuarios, nuevos requisitos para ser director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme).
Adición de dos nuevos cargos en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), y conformación de comunidades energéticas con las que el Gobierno Petro busca impulsar la transición hacia energías renovables.
Creación de empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios públicos domiciliarios (EICE E.S.P).
Aumento en el valor de las sanciones: las personas jurídicas pasarían a recibir multas hasta 100.000 salarios mínimos, mientras que las personas naturales podrían ser sancionadas con montos de hasta 1.500 salarios mínimos mensuales.
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