Se requiere que la CREG opere normalmente para que atienda clamor de los costeños: Liga de Usuarios

La Liga Nacional de Usuarios Región Caribe se sumó a la petición que vienen haciendo varios gremios y entidades para que el presidente Gustavo Petro nombre en propiedad a los expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Indica la Liga que más de año y medio después de haberse iniciado el gobierno del presidente Gustavo Petro, no se ha puesto a funcionar aún la CREG como es debido, con todos sus integrantes en propiedad.

La entidad precisa que se requiere que la CREG opere normalmente para que atienda las peticiones de miles de usuarios.

Explica que el Decreto Presidencial 1260 de 2013 estableció el marco jurídico y modificó la estructura de la CREG. Quedaron claras las funciones de la misma, entre ellas “Definir la metodología para el cálculo de las tarifas aplicables a los usuarios regulados del servicio de electricidad”.

La Ley 2099 de 2021 modificó la composición orgánica de la entidad, la cual quedó de la siguiente manera: el ministro de Minas y Energía (quien la preside), el ministro de Hacienda y Crédito Público, el director de Planeación Nacional y seis expertos en asuntos energéticos de dedicación exclusiva, todos nombrados por el presidente de la República para un periodo de cuatro años.

Norman Alarcón Rodas, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios Región Caribe, afirmó que en los últimos días salieron de la CREG cuatro comisionados que estaban nombrados en encargo y el quórum quedó desintegrado hasta que los nuevos comisionados sean designados en propiedad por el presidente de la República. Solo hay uno designado en propiedad, Ómar Prías, el director de la entidad.

Mediante sentencia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conminó al presidente de la República a hacer estos nombramientos y puso como fecha límite el próximo primero de marzo de 2024.

Decisión que afecta a usuarios

Precisa Alarcón que hasta el momento la Resolución más importante de la CREG emitida en los últimos meses es la 101-028 de noviembre de 2023 para incrementar las tarifas eléctricas en todo el país con un nuevo cobro llamado Costo de Opción Tarifaria, aumentos cercanos a los $200 el kilovatio hora, que ha llevado a que en la Costa Caribe las tarifas eléctricas, hoy las más altas de Colombia por un régimen tarifario especial contra los costeños, superen los $1.100 el kvh.

“El concepto de opción tarifaria no es nuevo, viene operando desde 2008 cuando el gobierno de Uribe Vélez lo reglamentó, y significa que cuando se determine un alza considerable en los servicios públicos domiciliarios (energía, agua y gas), las empresas prestadoras de los mismos tienen la opción de “diferir” esas alzas por varios años para cobrar los aumentos gota a gota, mensualmente, ya que, se supone, podría sobrevenir una explosión social si se cobra ipso facto todo el aumento”, manifiesta el dirigente.

Añade que en esta ocasión la Resolución 101-0128 recoge los saldos de las opciones tarifarias que existen desde la pandemia de 2020 y podrían ser cobradas durante diez años. “No es de buen recibo para los expertos en materia energética ni para la opinión pública interesada en el tema que el presidente Petro siga sin nombrar los comisionados que hacen falta y que, en más de un año y medio de su mandato, todavía no los haya podido completar en propiedad”, anota.

La Liga de Usuarios menciona que en el proyecto de modificación de las Leyes 142 y 143 se prescribe que sea el presidente de la República quien defina las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, y que, si a bien tiene, delegue la decisión en las Comisiones de Regulación de Energía y Gas (CREG) y Comisión de Regulación de Agua, Alcantarillado y Aseo (CRA).

“Ha sido muy criticada la propuesta por cuanto las que cumplen hoy dicha función son ambas comisiones, con miembros designados directamente por el presidente de la República. Además, para aprobar dicha normatividad tarifaria y otras de distinta índole requieren de expertos en múltiples campos técnicos y científicos y contar además con la aprobación de los ministros que representan en ellas al primer mandatario”, expresó Alarcón.

Dijo que la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos en la región Caribe propugna que se cumplan los requerimientos de ley actualmente en vigencia y que “la CREG escuche el clamor de once millones de costeños para modificar el régimen tarifario contra los costeños y aplique el artículo 126 de la Ley 142 de 1994, según el cual, cuando una normatividad tarifaria lesiona de manera evidente a la mayoría de usuarios, se puede modificar la norma ‘de parte (de la CREG) o a petición de parte’, como se lo hemos solicitado en varias ocasiones”.

Además, solicita que la última resolución 101-0128 de noviembre de 2023 sea derogada para que no sigan cobrándoles a los usuarios unas opciones tarifarias que hacen impagables los cobros de las facturas eléctricas.