A pesar de la decisión del hasta ayer secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, de adjudicar el millonario contrato para la elaboración de pasaportes a la firma Thomas Greg & Sons, no todo estaría claro desde el punto de vista legal para que este acto administrativo sea válido y en consecuencia se aplique.
Esto se desprende de lo planteado por uno de los juristas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que deja entrever la alternativa de revocar las resoluciones que expidió Salazar, incluyendo la de adjudicación.
En esencia el sustento de la Cancillería para echar rever sería el no cumplimiento de los requisitos para haber adjudicado, siendo uno de ellos la ausencia de una audiencia pública.
El apoderado de la Cancillería, Ernesto Matallana, tras hacer un recuento de lo que hizo el exsecretario general de la Cancillería, explicó que con una de las resoluciones que termina la urgencia manifiesta se dio vía libre para retomar la adjudicación, pero esta se hizo sin audiencia pública.
“El argumento de esa resolución, reactivar esa licitación, significa que si yo revoco la declaratoria de desierta, se continúa con el trámite precontractual y hay que adjudicar el contrato, pero esa resolución debió emitirse en audiencia pública porque las adjudicaciones se hacen en audiencia pública”, expresó Matallana al medio digital El Heraldo.
No se cumplió totalidad del procedimiento
Agregó el jurista que “aquí no parece que se hubiera cumplido la totalidad del procedimiento, debió haberse adendado el cronograma y en el cronograma haberse puesto la fecha de adjudicación y en la audiencia haber emitido la adjudicación, y luego de ello estaría la firma del contrato”.
Hay que señalar que el exsecretario general asumió la competencia de la gerencia del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y expidió tres actos administrativos, no obstante que existía en curso una licitación que se había abierto producto de la declaratoria de desierta del anterior proceso licitatorio.
Al conocerse esta clase de análisis jurídico y una eventual acción legal de la Cancillería para reversar la entrega del contrato por $600 mil millones a la poderosa empresa Thomas Greg & Sons, comienzan a aparecer serias dudas sobre si se cumple o no la polémica adjudicación para la elaboración de los pasaportes en Colombia.
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