Expresidente Uribe dice que la Ley de Punto final es inaplicable en Colombia y propone amnistía política

En su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expuso su opinión sobre la Ley de Punto Final y varias de sus preocupaciones a propósito de los procesos de paz que se adelantan en el país.

El exmandatario considera que la Ley de Punto Final es inaplicable en Colombia. “De manera pública he propuesto una amnistía política, no penal, por una vez, para recuperar derechos políticos de condenados. Será necesario dado el antecedente de impunidad absoluta con la Farc y aquello que se asoma con el ELN y otros”, indicó.

“Confieso que tengo interés en mis compañeros de Gobierno, condenados por nombrar un notario o por renovar un contrato a un médico. No se robaron un peso”, dijo.

Al ahondar en los procesos de paz indica que con el ELN Puede haber dos problemas: la destrucción que quieran hacer al modelo democrático y el espejo de impunidad absoluta otorgada a la Farc.

Frente a las Disidencias Farc manifiesta que a este proceso se oponen el pésimo precedente de renegociar con quienes desertaron del beneficio de la impunidad absoluta. Además, y más grave, el poder opresor que ejercen en regiones, como también sucede con el ELN.

En cuanto a las Farc precisa que los beneficiarios del indulto innominado o disimulado ya quieren acabar con la JEP que impusieron. Para sus delitos atroces no les sirve la sanción ilegal e irrisoria de restricción temporal de movilidad y de residencia, que, si el proceso fuera serio, se debió imponer antes de llegar al Congreso.

De acuerdo con Uribe, la cárcel puede que no resocialice, pero indica que la falta mínima de cárcel da mal ejemplo y estimula a delinquir.

Se refirió también al proceso de Salvatore Mancuso afirmando: Nada me aterra cuando pienso que se cambió autodefensa por asesinato y desaforo de dinero. Hubo jactancia de control territorial y de órganos del Estado ante el silencio de muchos de sus voceros. Entonces ¡por qué extrañarse de su alianza con los enemigos de la víspera para vengar la autoridad que no pudo someter!.

En este punto sostuvo Uribe que nadie discute que el Presidente de la República tiene la facultad de nombrar gestores de paz que salen de la cárcel a cumplir su tarea. Sin embargo, cuestionó por qué a otros exparamilitares no les han hecho la misma propuesta.

“Los nombré del ELN, llevaban más de 20 años presos. Después protesté porque sin causa justa los revocaron. Que Mancuso sea gestor de paz para algunos conviene y para otros no. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz. Pero la discriminación es inexplicable. Los hay que fueron extraditados, tuvieron muchos años de cárcel en los Estados Unidos, regresaron y continúan presos en Colombia. Tenemos ejemplos como Rodrigo Tovar (Jorge 40) o Carlos Jiménez (Macaco). ¿Qué tienen qué decir para que los nombren gestores de paz, deben acusarme? No los conozco, ni un saludo me he cruzado como en varias ocasiones lo hice con Mancuso. Conversé una vez con el Congresista Jorge Tovar, quien participó con mi señora en los diálogos de la Procuraduría. Es hijo de Jorge 40. Ya que dieron el paso con Mancuso no hay razón para que a estos se lo nieguen” anotó el expresidente Uribe.

Añadió que forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto (la bisagra) con el Ejército para incluirlo. “El abuso mínimo de la JEP es la publicidad de declaraciones de Mancuso, no corroboradas, que afectan el derecho fundamental a la honra de muchas personas. Y ahí me cuento”, expusó.

Recordó que desde el Congreso propuso muchas veces una sala independiente en la JEP de magistrados conocedores de protocolos militares. También que por delitos cometidos por militares hasta el 2016 la pena privativa de la libertad no fuera superior a 5 años. Afirmó que todo fue inútil, aunque sigue la lógica.

Finalmente manifestó que el proceso de desmovilización de su Gobierno fue para todos: Treinta y cinco mil paramilitares y diez y ocho mil guerrilleros lo aceptaron. Un gran artífice, Luis Carlos Restrepo, patriota ejemplar, fue expatriado. No cambiamos la Constitución, no hubo impunidad absoluta, tampoco elegibilidad política para condenados, menos por delitos atroces como el reclutamiento de niños. Consideramos que guerrilla y paramilitares podían ser beneficiarios del delito político de sedición. Ambos, sea cualquiera su excusa política, interfieren el funcionamiento del Estado de Derecho. Ese alegato argumental fue origen de desacuerdos con algunos magistrados de la Corte, que solamente aceptaban la sedición para la guerrilla.