abril 12, 2024

Jueza ordenó la libertad a Salvatore Mancuso

Este lunes 4 de marzo la jueza de Justicia y Paz, Luz Marina Zamora, ordenó la libertad al exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso.

De acuerdo con la jueza, Mancuso, designado gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro, ha cumplido con las tres sentencias de Justicia y Paz que hay en su contra, en las que fue condenado a ocho años de cárcel, por lo que merece la libertad.

El exjefe paramilitar deberá cumplir con una serie de condiciones ante la justicia colombiana, que empezará a organizar su liberación. Está recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, desde el día de su retorno al país, el pasado 27 de febrero. Estará en libertad condicional durante al menos cuatro años.

Cabe señalar que el pasado viernes 1 de marzo iniciaron las audiencias por parte del Tribunal de Justicia y Paz para estudiar la situación jurídica de Salvatore Mancuso, luego de ser deportado de Estados Unidos.

La Fiscalía General no se opuso a que el tribunal concediera la libertad del ahora gestor de paz, dado que ha cumplido con los requisitos establecidos en esa jurisdicción.

Especial vigilancia en la seguridad de Mancuso se deberá tener considerando que su versión sobre el conflicto armado es muy importante para el Gobierno Petro. La JEP lo admitió en calidad de “sujeto incorporado funcional y materialmente a la fuerza pública” entre 1989 y 2004. Esto significa que el tribunal se enfocará en su rol como “bisagra” entre los paramilitares y los altos mandos de la fuerza pública en el enfrentamiento con la guerrilla.

Esta decisión ha generado controversia en la red X, con comentarios en favor y en contra. Muchos han indicado que Mancuso ha burlado a la justicia y recuerdan que está acusado de haber cometido 2.023 desplazamientos forzados, 1.116 asesinatos, 371 despariciones y 28 delitos sexuales.

El reciente sábado, la Procuraduría General de la Nación indicó que la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del Gobierno Nacional no puede afectar bajo ningún punto de vista los compromisos asumidos con las víctimas en la jurisdicción de Justicia y Paz.

En audiencia pública presidida por una juez de esa jurisdicción, donde se discutió la solicitud de otorgar la libertad a prueba del exjefe paramilitar, la Coordinadora Nacional de Justicia y Paz del órgano de control, en desarrollo de su función de intervención, indicó que esa designación “en manera alguna puede soslayar y diluir las obligaciones y compromisos con el proceso de Justicia y Paz, principalmente porque su núcleo son y seguirán siendo las víctimas”. 

Ese día, la funcionaria solicitó que, en el caso de concederle la libertad a prueba, se le deben fijar restricciones de movilidad en el territorio nacional, como una garantía a los derechos de las víctimas, medida que desde el inicio de la Jurisdicción de Justicia y Paz ha sido aprobada y aplicada para mantener a los victimarios distantes del lugar donde residen las víctimas.

Agregó que no fijarle restricciones en sus desplazamientos, se traduciría “claramente en una afrenta al reconocimiento de los derechos de las víctimas y un nítido camino a la revictimización”, a la vez que recordó que Justicia y Paz le extendió la limitación de movilización a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, Norte de Santander y La Guajira, así como a los municipios antioqueños de San Pedro de Urabá, Necoclí, Ituango, Arboletes y Apartadó, en los que tuvo lugar su accionar criminal.

Enfatizó que Mancuso no podrá recobrar de manera inmediata su libertad a prueba, pues debe ser puesto a disposición de las salas de Justicia y Paz de Bogotá y Barranquilla, donde también deberán tramitarse solicitudes similares en los procesos que allí adelantan en su contra, pues los jueces son independientes entre sí y cada uno debe adoptar las decisiones que les corresponden dentro de sus respectivas jurisdicciones.

Puntualizó que el contenido de la resolución presidencial de designación de Mancuso como gestor de paz no constituye un imperativo o mandato para las autoridades judiciales y que debe advertirse su independencia y autonomía.

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